Madrid (EFE).- El Gobierno está preparando un inventario con las empresas públicas y privadas que se beneficiaron de los trabajos forzados durante la guerra civil y la dictadura franquista con el objetivo de que puedan participar en el proceso de reparación de las víctimas, en aplicación de la ley de memoria democrática.
El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha informado de la elaboración de este listado durante un acto celebrado este jueves en recuerdo a los presos políticos que trabajaron durante el franquismo como mano de obra forzada en la construcción de la línea de tren de Madrid a Burgos.
Según ha explicado, la Secretaria de Estado lleva tiempo trabajando en este asunto, al que hace alusión la ley de memoria democrática, y ahora hay un grupo de especialistas encargado de definir los criterios sobre el trabajo forzado y de concretar el listado de empresas.
Hacer pública la lista de empresas
El objetivo es hacer público este inventario, como asegura que hizo Alemania con las empresas que fueron beneficiarias de los trabajos forzados en los campos de concentración nazi, pero todavía no hay plazos previstos para ello.
No obstante, el Gobierno prevé dar a conocer en primer lugar una parte del listado y más adelante, cuando esté completo, la totalidad del mismo.
«Hablaremos con las empresas para que nos faciliten también información, que seguro que tienen, y después para que nos ayuden a hacer reparación con las víctimas», ha explicado el secretario de Estado.
La intención, ha añadido, no es señalar a las empresas, sino hacer un «planteamiento integrador» sobre la memoria democrática de nuestro país, donde señala que alrededor de 50.000 personas hicieron trabajos forzados, aunque «posiblemente sean muchos más».
Respecto al tipo de reparación que las empresas podrían hacer a las víctimas, ha comentado que puede ser de formas muy diversas, y ha puesto como ejemplo la empresa alemana Siemens, que donó «una gran cantidad» de dinero para este tipo de procesos.
En concreto, la ley de memoria democrática señala en su artículo 32 que el Estado impulsará actuaciones para el reconocimiento y reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados, como la señalización de los lugares relacionados con ellos, para así identificar y recordar lo sucedido.
Y añade que el Estado elaborará un censo con las empresas que usaron los trabajos forzados en su beneficio para que adopten medidas.
