Por : Javier Albisu y Laura Pérez-Cejuela
Bruselas (EuroEFE).- Los Estados de la Unión Europea (UE) no lograron este lunes un acuerdo sobre la futura directiva europea para regular las prácticas laborales ya que casi una decena de países, incluida España, rechazaron la propuesta de la presidencia húngara por considerar que debilita la protección que se quería dar con ella a los becarios.
«Está claro que el Consejo está dividido y no podemos aprobar el enfoque general aunque todos estamos de acuerdo en que es importante tener reglas para prácticas de calidad y proteger a los becarios», dijo el ministro de Economía húngaro, Márton Nagy, tras el debate sobre la cuestión en el consejo de ministros de Empleo de la UE.
España, Portugal y Eslovenia rechazaron de plano la propuesta de compromiso planteada por Hungría, que preside este semestre el Consejo de la UE, mientras que Alemania, Austria, Rumanía, Bélgica, Bulgaria y Chipre se abstuvieron y pidieron seguir negociando.
Hoy en Europa hemos conseguido movilizar a 8 países para frenar una propuesta laboral de Hungría que buscaba precarizar todavía más a los jóvenes europeos.
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 2, 2024
Los trabajadores y trabajadoras en prácticas también tienen derechos. Y el gobierno de España va a defenderlos. pic.twitter.com/37tmzX2DI9
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, ya había anticipado a su llegada a la reunión que España votaría «radicalmente en contra» del planteamiento del Gobierno de Víktor Orbán por considerar que propicia un «recorte de derechos», contradice las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y apuesta por un modelo «low cost» (de bajo coste) que precariza las condiciones laborales.
«Es inaudito que una directiva que tiene que ver, nada más y nada menos, con propiciar derechos laborales y dar seguridad a las personas que se encuentran (…) en las prácticas formativas vean laminados sus derechos», dijo Díaz.
Preocupación en Bruselas
También la Comisión Europea, que presentó en marzo pasado esta propuesta de directiva, subrayó durante el debate su «preocupación» porque el texto de compromiso planteado por Budapest «distorsione el objetivo» de la propuesta inicial y mostró su desacuerdo en varios aspectos «clave».
La nueva vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Empleo, Roxana Minzatu, destacó que la propuesta limita el número de personas en prácticas que pueden acogerse a la directiva de tal modo que «se estima que solo un 24 % de los becarios serían pagados».
Destacó además que el texto «debilita» el capítulo destinado a combatir las prácticas «ficticias» – aquellas que se utilizan para desempeñar un puesto de trabajo regular camuflado– y «restringe las cláusulas antidiscriminación» de la norma, en particular la necesidad de aplicar un trato igualitario en términos de retribución.
«El debilitamiento de estos capítulos no es coherente con la intención política original que es combatir las prácticas ficticias», dijo Minzatu, que instó a seguir trabajando sobre el texto para lograr un acuerdo cuando Polonia dé el relevo a Hungría como presidencia del Consejo, a partir del próximo 1 de enero.
Oposición «radical» de España
Las preocupaciones de la Comisión Europea son compartidas por España, según explicó Díaz, quien señaló que en los últimos días ha trabajado con otros socios comunitarios para lograr el bloqueo de esta propuesta.
«Ir al modelo que se está desarrollando hoy por la presidencia Orbán es justamente el modelo de las relaciones laborales degradadas, es decir, ‘low cost’ y con empresas insanas. Por lo tanto, no se puede competir a la baja. El mandato que hoy da esta directiva es muy malo para el conjunto de los trabajadores en formación y las trabajadoras del conjunto de Europa», dijo.
La vicepresidenta española explicó que la propuesta húngara incluye una lista de exclusiones, de manera que «el aprendizaje y todas las prácticas formativas derivadas de las políticas activas de empleo y muchas otras quedan excluidas» de la protección que proporcionaría la directiva.
Consideró asimismo que va a «propiciar un efecto de sustitución» que haga que empeoren las condiciones que ciertos trabajadores tienen a día de hoy al permitir acogerse a fórmulas «degradadas».
En la misma línea, los representantes de Alemania o Chipre mostraron sus reticencias a la propuesta por considerar que se desvía considerablemente del planteamiento inicial de la Comisión.
Por el contrario, otros Estados se mostraron claramente a favor de la propuesta húngara, incluidas Francia e Italia y, en particular, los países nórdicos y bálticos, quienes alabaron que el texto de compromiso respetase las diferencias nacionales en la materia y sus modelos de negociación colectiva.
La propuesta del Ejecutivo comunitario incluye a todos los becarios, con independencia de su situación laboral, incluidas las prácticas que forman parte de los planes de estudios de educación formal y las necesarias para acceder a profesiones específicas.
En la UE había 3,1 millones de personas en prácticas, de los que solo 1,6 millones recibían una remuneración, según datos de 2019 de la Comisión Europea
Díaz celebra que Glovo contrate a sus repartidores
Por otra parte, la vicepresidenta española celebró este lunes como una victoria para la «democracia» que la plataforma de entregas a domicilio Glovo haya anunciado que realizará contratos laborales a sus repartidores autónomos.
«Ninguna empresa, por grande que sea, por mucho poder que tenga, ninguna gran tecnológica puede imponerse a la democracia. Hoy ha ganado la democracia en nuestro país. Por fin, la empresa Glovo va a regularizar a más de 60.000 repartidores», dijo Díaz a la prensa a su llegada al consejo de Empleo.
Lo dijimos y cumplimos. Ninguna empresa está por encima de la ley.
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 2, 2024
Aproximadamente 60.000 personas desde la entrada en vigor de la Ley Rider verán sus derechos garantizados. pic.twitter.com/ylRVEX70ON
La compañía ha tomado esta decisión tras estar durante años en el punto de mira por su utilización de la figura de los autónomos, que ha llevado incluso a un juez de Barcelona a investigar si ha vulnerado los derechos de sus trabajadores.
En un comunicado, Glovo ha asegurado este lunes que ha dado este paso «en el marco de su firme compromiso con España, su país de origen y principal mercado» y ha anunciado que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para guiar el proceso de cambio de modelo «Es el movimiento afiliativo más importante de la historia de España, realizado por la inspección de trabajo», agregó la ministra.
Díaz recordó que España, además de aprobar la «ley Rider» a nivel nacional, impulsó la negociación en la Unión Europea de una directiva en ese sentido, y subrayó que un joven que transita «en bicicleta con un teléfono en la mano, en una ciudad cualquiera del mundo, en Nueva York, en Madrid, en Vigo, en Bruselas, en Berlín o donde fuera, no era un emprendedor».
«El principio de legalidad se impone y por fin, insisto, esta empresa va a regularizar y cumplir con sus obligaciones. Va a ser una regularización, una recaudación por un importe de 267 millones de euros y aparte el coste de las sanciones. Pero lo importante, insisto, es que por fin van a ser laborales estas personas en nuestro país», añadió.
La ministra de Empleo añadió que si ese cambio es posible en España también lo es en el conjunto de Europa y para otras empresas tecnológicas.
«Vale la pena gobernar para hacer esto», dijo.
En cuanto al proceso penal abierto contra los directivos de Glovo, Díaz señaló que este sigue su curso y lo «resolverán los tribunales».
Editado por Sandra Municio
