Lucía Leal
Madrid (EuroEFE).- Con el motor económico alemán debilitado, la industria europea ralentizada y Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca, la palabra ‘competitividad’ se ha convertido en la favorita de la Comisión Europea, que acaba de presentar una compleja hoja de ruta para que Europa se ponga a la altura de EE.UU. y China.
Te explicamos las claves de la llamada ‘brújula de la competitividad’ de Bruselas, un conjunto de medidas aún por desarrollar que ha complacido a muchas empresas pero inquietado a sindicatos y ambientalistas y que, según expertos, necesitará importantes inversiones de capital para funcionar.
¿De dónde viene?
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha resumido así las causas del retraso de la Unión Europea (UE) respecto a otras potencias globales:
«En los últimos veinte o veinticinco años, nuestro modelo de negocio se ha basado básicamente en la mano de obra barata de China, la supuesta energía barata de Rusia y una externalización parcial de las inversiones en seguridad (a cargo de EE.UU.)», dijo Von der Leyen al presentar el pasado miércoles la hoja de ruta.
Las soluciones comenzaron a atisbarse el año pasado, con la presentación de los informes de Enrico Letta y Mario Draghi sobre cómo devolver la economía europea a una senda competitiva.
- En concreto, el ‘informe Draghi’ calculó que sería necesario invertir 800.000 millones adicionales cada año para que la UE pueda competir en pie de igualdad con EE.UU. y China: el equivalente a un 4,7 % del PIB europeo en 2023 y más del doble de los fondos del Plan Marshall tras la II Guerra Mundial.
La Comisión ha querido condensar las casi 600 páginas de esos dos informes en un texto más abarcable, de 27 páginas, y Von der Leyen lo ha descrito como una «estrella polar» que les guiará durante los próximos cinco años.
¿En qué consiste?
La hoja de ruta identifica una serie de medidas que aún deben convertirse en reglamentos o leyes y que giran en torno a tres prioridades: innovación, descarbonización y seguridad económica.
- Hay, además, una serie de medidas transversales que pretenden reducir la carga istrativa al menos un 25 % para todas las compañías europeas y un 35 % en el caso de las pymes. Esa meta ha complacido a una patronal europea cada vez más irritada ante el aumento de las regulaciones de Bruselas.
- Buena parte de los esfuerzos se centrarán además en la esperada unión del mercado de capitales que tanto han promovido Draghi y países como Francia, ahora bautizada como Unión para el Ahorro y la Inversión, y que la Comisión planea presentar este año.
Innovación
Para cerrar la brecha de innovación con Estados Unidos o China y «reactivar el motor» de la UE, Bruselas propone una batería de medidas:
- Una estrategia para las empresas emergentes y en expansión (prevista para el segundo trimestre de 2025): abordará los obstáculos que impiden la aparición y el desarrollo de las start-ups europeas, mediante la mejora de las relaciones entre las universidades y las empresas, del entorno para comercializar patentes y del al capital riesgo.
- Un ‘Decimoctavo régimen‘ (finales de 2025 o principios de 2026): las nuevas compañías que lo deseen podrán, en lugar de tener que adaptarse a las normativas de cada uno de los veintisiete Estados de la UE, adherirse a un nuevo régimen legal homogeneizado (el número 28) que funcionará en todo el espacio comunitario.
- Una ley de innovación europea (finales de 2025 o principios de 2026): promoverá el de empresas innovadoras a las infraestructuras y recursos más punteros de la UE, así como a entornos de pruebas regulatorios.
- Una ‘iniciativa de fábricas de inteligencia artificial‘ (primer trimestre de 2025) y la estrategia ‘apliquemos la IA‘ (tercer trimestre): darán a las compañías a supercomputadores para aprovechar mejor esa tecnología, que solo utilizan una de cada siete empresas en la UE.
- Una ley de desarrollo de la IA y del almacenamiento en la nube (finales de 2025 o principios de 2026): establecerá gigafactorías de inteligencia artificial que entrenarán modelos ambiciosos para competir con los de EE.UU. y China.
- Una ‘ley del área de investigación europea’ (2026) que permita elevar la inversión en I+D hasta el 3 % del PIB.
- Una estrategia cuántica (segundo trimestre de 2025) y una ley cuántica (cuarto trimestre): buscará homogeneizar los marcos legales para la computación cuántica, sobre la base de la ley europea de chips.
- Una ley europea de biotecnología y una estrategia de bioeconomía (como tarde en 2026) que buscarán aprovechar el potencial de esas áreas punteras.
Queremos que las tecnologías y los productos se diseñen, se fabriquen y se comercialicen en Europa. Y debemos actuar ahora.
— Comisión Europea en España (@ComisionEuropea) January 29, 2025
🇪🇺🧭Nuestra nueva Brújula de la Competitividad es el plan para el impulso de la productividad y el crecimiento de Europa. ↓🧵#madeinEurope pic.twitter.com/LHLJ8PEZzy
- Una ley de materiales avanzados (2026) que regulará todo el ciclo de vida de los materiales innovadores que se desarrollen en la UE.
- Una ley espacial europea (segundo trimestre de 2025) que creará un mercado único para el espacio para atraer más inversión privada y homogeneizar los estándares del sector.
- Una ley de redes digitales (cuarto trimestre de 2025) que establecerá un «mercado único» para la competitividad europea y facilitará el desarrollo de redes 6G, entre otras metas.
- Una revisión de las directrices para el control de fusiones de empresas, que priorice la innovación a la hora de revisar y regular esos fenómenos.
Descarbonización
Von der Leyen ha prometido que su esfuerzo por simplificar las regulaciones de la UE no implicará desviarse de su objetivo de lograr la neutralidad climática para 2050. Sin embargo, su plan implica flexibilizar parte de las regulaciones trazadas por Bruselas para lograr esas cero emisiones netas.
«Haremos un esfuerzo de simplificación sin precedentes. Nuestro objetivo es que, para finales de la legislatura (en 2029), habremos hecho propuestas que permitirán a las compañías ahorrar más de 37.000 millones de euros al año«, aseguró la política alemana en su discurso.
Las medidas que propone son:
- El Pacto de Industria Limpia (previsto para el 26 de febrero), que buscará flexibilizar los marcos de ayudas estatales para favorecer las inversiones en energías y procesos industriales verdes. A ello también contribuirá un nuevo marco de ayudas estatales que Bruselas presentará entre abril y junio.
- Un plan de acción para una «energía asequible» y una actualización de la ley europea del clima aún por definir (ambos en 2025). También habrá un plan de acción para la electrificación y otro sobre redes eléctricas, en el primer trimestre de 2026.
- Un plan de acción para el acero y los metales y otro para la industria química (ambos en 2025).
- Una revisión del impuesto climático que la UE aplica a las importaciones de acero, cemento, aluminio o fertilizantes, con el objetivo de evitar el cierre o la deslocalización de plantas industriales (en 2025).
- Un plan de inversión en transporte sostenible, otro de ferrocarriles de alta velocidad, otro de puertos y una estrategia marítima industrial (todos en 2025), además de la continuación del diálogo con el sector de la automoción que comenzó la semana pasada Von der Leyen.
- Una ley de la economía circular (finales de 2026) que establezca «un mercado único para los desechos y los materiales secundarios y reutilizables», un sector que promete crecer de los 31.000 millones de euros que vale actualmente a unos 100.000 millones para 2030.
- Una estrategia de agricultura y alimentos (prevista para el 19 de febrero) y un ‘pacto de los océanos‘ (segundo trimestre de 2025) para favorecer la competitividad, la sostenibilidad y la innovación en esos sectores.
- Una ley para acelerar la descarbonización industrial (finales de 2025) que expedite la concesión de permisos rápidos a sectores en transición ecológica, con el fin de aliviar las cargas istrativas.
Comercio y seguridad económica
- Bruselas se compromete a establecer una «preferencia europea» en las contrataciones públicas para sectores y tecnologías estratégicos, lo que implicará revisar (en 2026) las directivas sobre ese tipo de licitaciones, que suponen el 14 % del PIB comunitario.
- La Comisión tendrá que tener cuidado al redactar esa normativa para no violar las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
- Crear una plataforma para la compra conjunta de minerales críticos estratégicos, como el litio que se emplea en las baterías de los coches eléctricos (mediados de 2025).
- Impulsar una ley de medicamentos esenciales (primer trimestre de 2025) que permita fortalecer el suministro de esos tratamientos y reducir la dependencia de otras potencias.
- Concluir e implementar acuerdos comerciales «ambiciosos» como los de Mercosur y México, y desarrollar alianzas de «comercio limpio e inversiones», incluidos pactos de comercio digital. A finales de 2025 se lanzará además una iniciativa para la cooperación trans-mediterránea en energía y tecnologías limpias, que estimulará las inversiones en ese ámbito.
- Para reducir las dependencias en materia militar y de seguridad, la Comisión presentará este trimestre un ‘libro blanco sobre el futuro de la defensa europea‘ y una estrategia de preparación ante posibles amenazas, además de un plan de seguridad interno.
- En 2026, verá la luz un plan de adaptación al clima destinado a mitigar los efectos de la crisis climática en la economía, que se sumará a una estrategia para la resiliencia del agua, prevista para el segundo trimestre de 2025.
¿Quién está a favor?
La patronal europea (BusinessEurope) ha aplaudido el esfuerzo de la Comisión para reducir la carga istrativa de las empresas en un 25 %, y el sector digital también ha dado la bienvenida a ese intento de simplificar la burocracia, dado que el papeleo que enfrentan las compañías europeas es muy superior al que existe en Estados Unidos o China.
En el Parlamento Europeo, tanto el Partido Popular Europeo (PPE) de Von der Leyen como los liberales de Renew Europe y la extrema derecha de Patriotas por Europa han celebrado los objetivos del proyecto, aunque esperarán a ver su desarrollo para valorarlo por completo.
¿Y en contra?
Los sindicatos europeos congregados en la confederación ETUC han denunciado que el afán por desregular pueda repercutir en un descenso de los empleos de calidad: en concreto, temen que la creación de un decimoctavo régimen normativo permita «a algunas compañías operar fuera de las leyes laborales» de su país, y lamentan que Bruselas apueste por reformas de pensiones que impliquen vidas laborales más largas.
Ese rechazo encaja con el que han manifestado desde la Eurocámara los Socialistas y Demócratas, que al igual que la Izquierda y los Verdes han expresado su temor de que los derechos sociales y la protección del medioambiente queden en un segundo plano en aras de la competitividad.
«No hay ninguna garantía de que no vaya a haber retrocesos en aspectos medioambientales y sociales como los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la neutralidad climática, la sostenibilidad, la transición justa y, en particular, todos los demás objetivos del Pacto Verde«, escribió la presidenta de los socialistas, la española Iratxe García, en un comunicado.
Por su parte, el presidente de los Verdes, Bas Eickhout, denunció en un comunicado que el proyecto parece estar «centrado demasiado estrechamente en la reducción del CO2, y no en la protección de la naturaleza», y su partido alertó del riesgo de que el Pacto Verde «se hunda» bajo la presión de la extrema derecha.
En el mismo sentido, grupos ambientalistas como Climate Action Network (CAN) han tachado la iniciativa de «gran error«, al considerar que la Comisión debería enfocarse en reducir la «dependencia de los combustibles fósiles» en vez de deshacer «las reglas que protegen a la gente, el clima y el medioambiente».
Y la red de organizaciones medioambientales European Environmental Bureau (EEB) considera que el enfoque de Bruselas está demasiado centrado en «los beneficios de las empresas» en detrimento del bien común, que la productividad por sí sola no redundará en prosperidad, y que la UE cometerá un error si se presta a rebajar los estándares nacionales sobre sostenibilidad.
«No habrá competitividad de mercado si el planeta está muerto«, alertó en un comunicado Christian Schaible, encargado de la iniciativa para una polución industrial cero en EEB.
🚨#CompetitivenessCom is out🚨 There is a big misstep from the Commission. It is not the rules protecting people, climate & environment holding companies back but the lack of investment & high energy prices driven by the EU’s fossil gas dependency⬇️; CAN EUROPE (@CANEurope) January 29, 2025
La letra pequeña
Hay un asunto que la Comisión ha evitado incluir en la descripción de su flamante ‘brújula’: cómo pagará por ella.
Para los investigadores de los centros de estudios Bruegel y European Council on Foreign Relations (ECFR), no hay escapatoria posible: aunque Bruselas haya apostado por la desregulación, los planes que ha esbozado en su hoja de ruta necesitarán «una financiación mucho mayor que la incluida en el presupuesto actual«, según la primera de las organizaciones citadas.
«(La Comisión) va a tener que argumentar y defender (esa necesidad de mayores fondos), pero por ahora no ha dado señales de que esté preparada para hacerlo», escribieron Heather Grabbe y Jeromin Zettelmeyer en un análisis publicado en la página web de Bruegel.
Desde ECFR, Mats Engström opinó que el proyecto de Bruselas requiere un «compromiso financiero» más amplio de los Estados para una «transición verde ordenada», de cara a las negociaciones para el marco financiero plurianual de 2028 a 2034.
El debate comenzará pronto: el próximo 26 de febrero, Von der Leyen tiene previsto presentar el llamado «omnibus«, un proceso legislativo que Von der Leyen prometió en noviembre para reducir la carga istrativa de las empresas en al menos un 25 % para mediados de este año.
Para ello, la Comisión planea simplificar la llamada “taxonomía verde europea”, que ayuda a los inversores y empresas a distinguir qué proyectos afectan negativamente al clima y al medio ambiente.
También es probable que, alentada por Francia y Alemania, Bruselas se abra a revisar la directiva europea de diligencia debida, que obliga a las empresas a vigilar su impacto climático y sobre los derechos humanos, y la normativa CSRD, que fuerza a las compañías a informar sobre su sostenibilidad, dos puntos que han alarmado a los defensores del medioambiente.
Fuentes:
- La ‘Brujula de la Competitividad’: Documento completo y resumen esquemático de la Comisión Europea
- Comunicado de prensa de la Comisión Europea
- Discurso de Ursula von der Leyen durante la presentación
- Reacciones de la patronal, los sindicatos, grupos medioambientales y la industria digital
- Reacciones de grupos de la Eurocámara (populares, socialistas, liberales, verdes, extrema derecha e izquierda)
- Análisis del European Council on Foreign Relations
- Análisis del centro de estudios Bruegel
- Informaciones de EFE, de Laura Pérez-Cejuela y Antonio Suárez-Bustamante desde Bruselas
