Bruselas (EuroEFE).- La Justicia europea confirmó este miércoles que Polonia no recuperará los más de 320 millones de euros que la Comisión Europea retuvo al país como multa por haber incumplido ciertos requisitos en el contexto de la reforma judicial polaca de 2019.
El Tribunal General de la Unión Europea dictaminó que Polonia debía pagar «el importe total» de la multa, que asciende en concreto a 320.200.000 euros y que impuso la Justicia comunitaria durante un procedimiento iniciado por Bruselas.
El litigio se remonta al 1 de abril de 2021, cuando el Ejecutivo comunitario presentó un recurso por incumplimiento contra Polonia ante la Justicia comunitaria, solicitando que se declarase que algunos cambios legislativos de la organización de la justicia -adoptados en diciembre de 2019- infringían el Derecho europeo.
El Tribunal de Justicia de la UE obligó a Polonia a suspender la aplicación de algunas disposiciones nacionales impugnadas.
Un millón de euros al día
Pero Polonia no respetó esa medida provisional y el 27 de octubre de 2021 fue condenada a pagar una multa coercitiva de un millón de euros al día, que comenzó a ser exigible a partir del 3 de noviembre del mismo año.
Para cumplir la medida provisional, Polonia adoptó en 2022 una ley, y casi un año más tarde, en abril de 2023, el Tribunal de Justicia declaró que ese cambio permitía en gran medida cumplir la medida provisional que exigía Bruselas, por lo que el importe de la multa se redujo a 500.000 euros diarios a partir del 21 de abril de 2023.
Como Polonia no pagaba esas multas coercitivas diarias, Bruselas procedió periódicamente a su cobro, compensándolo con diferentes créditos de dicho Estado miembro frente a la Unión.
Polonia interpuso entonces un recurso ante el Tribunal General solicitando la anulación de seis decisiones de compensación, correspondientes al período comprendido entre el 15 de julio de 2022 y el 4 de junio de 2023.
Además, Polonia alegó que, debido al cambio legislativo que justificó la reducción a la mitad de la multa, la Comisión solo debería haber cobrado 500.000 euros al día incluso antes de que la Justicia europea recortara la multa, y solicitó que se anularan parcialmente las decisiones de Bruselas.
Este miércoles, el Tribunal General desestimó los recursos de Polonia en su totalidad, lo que da la razón a la Comisión en su recaudación de unos 320 millones de euros en el periodo contemplado.
#EUGeneralCourt confirms that #Poland must pay approximately €320.2 million in penalties imposed by the #CJEU during the infringement procedure #RuleOfLaw 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg
— EU Court of Justice (@EUCourtPress) February 5, 2025
Polonia, que bajo el actual Gobierno de Donald Tusk tiene una relación mucho más estrecha con Bruselas que cuando comenzó el litigio, tiene ahora dos meses para apelar la decisión ante el TJUE, la máxima corte comunitaria, dado que esta sentencia la ha emitido la corte inferior del sistema europeo, el Tribunal General.
Las quejas de Bruselas sobre la reforma
Desde el punto de vista de la Comisión Europea, posteriormente respaldado por el tribunal comunitario, la reforma polaca socava la independencia de los jueces y no les da las garantías necesarias para protegerlos del control político, lo que supone una violación del Derecho de la UE.
En 2023, el TJUE concluyó que la legislación polaca «no satisface la exigencia de independencia e imparcialidad», pues la labor de los jueces se puede ver afectada por la capacidad de esta sala para abrir diligencias penales contra ellos u ordenando su detención.
La Justicia europea también declaró contraria a la ley europea la parte de la legislación que obliga a los jueces a presentar una declaración en la que indiquen su pertenencia a una asociación, fundación sin ánimo de lucro o partido político, al considerar que vulnera los derechos fundamentales de esos magistrados a la protección de los datos personales y al respeto de la vida privada.
La publicación en línea de estos datos «no es apta para lograr el objetivo invocado de reforzar la imparcialidad de los jueces» y podría «exponer a los jueces a un riesgo de estigmatización indebida, afectando injustificadamente a la percepción que de ellos tienen tanto los justiciables como el público en general».
