Marta Borrás, Laura Zornoza y Lucía Leal |
Estrasburgo (Francia)/Madrid (EuroEFE).- La Comisión Europea presentó este martes un plan que allana el terreno para que los países de la UE transfieran a centros de deportación en terceros países a aquellos migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas, una propuesta criticada por varias organizaciones proinmigrantes.
El reglamento desvelado por Bruselas responde a la presión de varios Gobiernos europeos para endurecer la política migratoria -una idea que ha ganado enteros en el bloque al calor de los avances de la extrema derecha en el continente, y deberá ser respaldado por el Consejo y Parlamento Europeos para entrar en vigor.
¿De dónde viene?
La idea de crear ‘centros de retorno’ en terceros países no es nueva: hace cinco años, el Reino Unido lanzó un plan para enviar a solicitantes de asilo a Ruanda, pero el Supremo británico declaró ilegal la iniciativa.
Más recientemente, la Italia de Giorgia Meloni cerró un acuerdo con Albania para trasladar a muchos de los migrantes que rescata en el Mediterráneo directamente a centros de deportación en ese país, pero la Justicia italiana ha frustrado por ahora ese esquema.
No obstante, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dejó claro hace tiempo su interés en «extraer lecciones» del modelo italiano, y la deriva antiinmigración en varios países llevó el pasado octubre a los líderes de la UE a pedir a Bruselas que desarrollara de forma “urgente” una nueva propuesta para acelerar los retornos migratorios y complementar el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
¿Qué objetivos tiene?
- La propuesta busca reemplazar la Directiva del Retorno, que data de 2008 y que según Bruselas está lastrada por ineficiencias, largos procesos burocráticos y una falta de cooperación de los países de origen de los migrantes. Como resultado, según la Comisión, apenas el 20 % de los indocumentados a los que se les exige abandonar la UE llegan a hacerlo.
«Solo una de cada cinco personas a las que se les dice que deben abandonar la UE se va. Esto no es tolerable«, dijo en rueda de prensa el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, al presentar este martes la propuesta.
- El otro gran objetivo es crear un sistema común que homogenice los veintisiete marcos nacionales, dado que las disparidades actuales entre ellos “socavan la efectividad de los retornos” a nivel comunitario, según la propuesta.
“Actualmente, los ciudadanos de terceros países a los que se les ordena abandonar un país (de la UE) y que huyen a otro apenas enfrentan consecuencias: en la mayoría de los Estados , el proceso empieza de nuevo”, indica el documento de la Comisión.
¿En qué consiste?
Centros fuera de la UE
- La propuesta crearía un marco legal para que los países de la UE puedan, si lo desean, establecer fuera del territorio comunitario centros de detención y deportación de migrantes que han llegado o intentado llegar a suelo europeo y han recibido una orden de retorno.
- Por tanto, las instituciones europeas no se implicarán por sí mismas en la creación de centros en terceros países, pero sí sentarán las bases legales para que aquellos Estados interesados -como Italia- puedan hacerlo.
- Esos Estados de la UE deberán firmar por su cuenta -o a nivel europeo- acuerdos o convenios con los países extracomunitarios en los que deseen establecer esos ‘centros de retorno’.
- La propuesta establece requisitos mínimos para esos acuerdos, pero no limita el tiempo que pueden permanecer los migrantes en esos centros.
- Los menores no acompañados y las familias no podrán ser enviados a ese tipo de centros, y deberá garantizarse el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes mediante un mecanismo de supervisión, según el texto.
- El comisario Brunner defendió que la iniciativa es «totalmente distinta» de las que impulsaron el Reino Unido con Ruanda e Italia con Albania, porque los centros que plantea Bruselas no estarían destinados a solicitantes de asilo, sino a migrantes que han recibido la orden de abandonar la UE.
- No obstante, el sistema supone un notable giro respecto al actual, en el que los Estados apenas pueden enviar a los solicitantes de asilo que hayan rechazado o bien a su país de origen, o bien a uno de tránsito; y solo pueden mandarlos a una tercera nación si el migrante estuviera de acuerdo, un consentimiento que ahora se desvanece.
Euroorden para retornos
Aunque los Estados seguirán emitiendo sus propias decisiones en ese ámbito, la propuesta introduce una euroorden de retorno que complementará las decisiones nacionales.
Ese tipo de órdenes europeas figurarán en el Sistema de Información de Schengen: así, si un migrante huye del país donde se emitió una orden y aparece después en otro Estado miembro, la decisión de retorno será directamente ejecutable en el segundo.
Obligación de cooperar
- Los migrantes deberán cooperar en todas las etapas del procedimiento, incluida la necesidad de facilitar información y documentación y de permanecer en el territorio del país.
- Las consecuencias en caso de no cooperación pueden incluir la reducción o rechazo de prestaciones o la confiscación de los documentos de viaje, así como prohibiciones de entrada a la UE.
Retornos forzosos y riesgos de fuga
Una persona que permanezca en la UE de manera ilegal recibirá una orden de expulsión por retorno forzoso cuando no coopere, huya a otroLos Estados estarán obligados a controlar todo posible riesgo de seguridad que planteen los nacionales de terceros países, a través de una serie de normas.
En estos casos se prevén los retornos forzosos, las prohibiciones de entrada en la UE y periodos de detención que, a decisión de un juez, podrán ser extendidos más allá de los 24 meses. Estado miembro (incluso durante el periodo en que se permite su salida voluntaria), cuando no abandone el territorio europeo en la fecha prevista o si es un riesgo para la seguridad.
- Para evitar los movimientos entre Estados , la normativa establece que se podrá exigir a los migrantes informar con regularidad a las autoridades sobre su paradero, residir en el lugar designado por éstas o depositar una garantía financiera.
- Cuando haya riesgo de fuga, la detención se podrá extender hasta los 24 meses (frente a los 18 meses en la actualidad).
- En esa categoría entrarán por ejemplo los migrantes que hayan cometido un delito grave.
- Los Estados estarán obligados a controlar todo posible riesgo de seguridad que planteen los nacionales de terceros países, a través de una serie de normas.
- En estos casos se prevén los retornos forzosos, las prohibiciones de entrada en la UE y periodos de detención que, a decisión de un juez, podrán ser extendidos más allá de los 24 meses.
Apoyo a la reisión
Para hacer los retornos efectivos, la propuesta quiere hacer que la reisión sea una parte integral del proceso, para lo que establece un enfoque común, con un formulario estándar y un sistema de seguimiento.
¿Y ahora qué?
El Consejo (países de la UE) y el Parlamento Europeo deberán llegar a un acuerdo sobre la propuesta presentada, algo que el comisario Brunner confió este martes en que ocurra «con celeridad».
No obstante, el ‘dossier’ enfrenta una compleja tramitación legislativa que, en el caso del Parlamento Europeo, sacará a la luz la doble mayoría a la que puede recurrir al Partido Popular Europeo: desde la mayoría proeuropea tradicional a su izquierda hasta los grupos ultraconservadores y de extrema derecha, con una visión más radical de la gestión migratoria.
Al tratarse de un reglamento y no de una directiva, la norma será de aplicación directa en los Estados una vez que tenga el visto bueno de todas las instituciones, sin necesidad de un periodo de transición para trasponerlo a las normas nacionales.
Las reacciones
Para los ultraconservadores en el Parlamento Europeo, la propuesta es «un paso en la dirección correcta«, pero «sólo una pieza del puzle de la estrategia completa para frenar la migración ilegal», según su jefe de filas, Nicola Procaccini, que dijo que confía en que el Partido Popular Europeo (PPE) recurra a su mayoría con la derecha del hemiciclo para negociar el reglamento de retornos. «Depende de ellos», manifestó.
Desde los grupos progresistas, los socialdemócratas la consideran una «prueba de fuego» para la nueva Comisión Europea y aseguraron que trabajarán por un enfoque «sostenible, digno y viable» para los retornos de los migrantes sin derecho a permanecer en la UE.
«Si el PPE está dispuesto a tener un debate basado en hechos sobre los retornos, podemos hablar. Si siguen diciendo que sólo quieren sacarlos y llevarlos a centros donde no tienen derechos y fuera de la UE, un acuerdo con nosotros será complicado», predijo el líder de los Verdes, Bas Eickhout.
Por su parte, la eurodiputada que negociará el ‘dossier’ en nombre de la Izquierda, Estrella Galán (Sumar), tildó la propuesta de «anacrónica, inoperativa y cruel» y dijo que da «barra libre a la persecución sistemática de seres humanos cuyo único delito es no haber podido llegar a Europa por una vía legal u optar a un permiso de residencia».
Amnistía Internacional describió la propuesta como «impracticable, cara e inhumana«, mientras que el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) denunció que el plan «restringe gravemente las garantías procesales y los derechos de los migrantes de apelar contra la decisión de retorno y la detención».
