Bruselas (EuroEFE).- España considera que el plan de la Comisión Europea para apoyar al sector de la automoción debería contemplar más recursos financiero, en particular para estimular la compra de vehículos eléctricos a nivel comunitario, para infraestructuras de recarga y para innovación.
Así lo trasladó el ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en el consejo de ministros de Industria de los Veintisiete durante un debate sobre el plan, el primero a este nivel desde que el Ejecutivo comunitario presentó la iniciativa la semana pasada.
Esta prevé flexibilizar los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para los fabricantes, con el fin de evitar las multas a las que se exponían este año por incumplirlos, incentivos al vehículos eléctrico, la producción de baterías o la infraestructura de recarga, entre otras áreas, y medidas contra la competencia desleal.
«Valoramos positivamente los objetivos del plan, si bien consideramos que habría que ampliar su alcance comprometiendo más recursos a nivel europeo», dijo Hereu.
En particular, añadió, se necesitaría mayor apoyo financiero para «la transformación e innovación en el sector», para «estimular la compra del vehículo eléctrico a nivel comunitario y para «dar un impulso decidido a la infraestructura de recarga».
Como España, los otros once países que intervinieron en el debate – en el que no se adoptaron decisiones – respaldaron el plan, pero a esperas de que se concretee en propuestas legislativas, algunos reclamaron ir más allá en ciertos aspectos y otros pidieron precaución en algunos de sus planteamientos.
Italia y República Checa, que habían encabezado la oposición a las multas en 2025, se congratularon en particular de que Bruselas haya decidido aplazar tres años el objetivo de recortar las emisiones de dióxido de carbono de las flotas vendidas en un 15 % con respecto a 2021, lo que evitará las sanciones a las que se enfrentaban si no cumplían este año.
Sin embargo, en ambos casos consideraron que el plan es solo un primer paso necesario, pero no suficiente. República Checa señaló que hubiera sido mejor un aplazamiento de cinco años, mientras que Italia reclamó que se adopte una «visión de total neutralidad tecnológica» que contemple todos los tipos de combustibles, incluidos los sintéticos y biocombustibles.
«Si al final no hay industria, nadie seguirá nuestro ejemplo, será una Europa desertificada», dijo el ministro italiano de Industria, Adolfo Urso, quien instó también a dar apoyo a la construcción de «gigafábricas».
El ministro francés, Marc Ferracci, dijo que su país apoya la flexibilización en la regulación sobre emisiones de CO2, «que conviene poner en marcha rápido», pero insistió en que debe hacerse «sin poner en cuestión los objetivos de reducción de emisiones» y manteniendo la «integridad» de la normativa, cuya revisión se ha adelantado un año, a 2025.
Alemania también subrayó la importancia de «mantener los objetivos climáticos acordados» y celebró, en particular, las medidas de refuerzo de la movilidad eléctrica, la digitalización o el vehículo autónomo, así como para la producción de baterías, según trasladó su secretario de Estado de Industria, Bernhard Kluttig.
Suecia, la más crítica con la enmienda
La más crítica con el plan fue Suecia, que expresó su «fuerte preocupación» por la enmienda a la regulación de emisiones porque «mina la credibilidad de otros actos legales» y «crea el riesgo de contrarrestar inversiones, esfuerzos de electrificación» hechos por la industria, según dijo su ministro Benjamin Dousa.
«Lo que vemos en el plan de acción son más bien lagunas para los rezagados», dijo, para añadir después que esto envía una «señal problemática» a los primeros que invirtieron para cumplir las normas y pedir a la Comisión explicar cómo les compensará.
Asimismo, instó a «no usar en exceso de los instrumentos de defensa comercial» previstos en el plan.
En los márgenes del consejo de este miércoles, Hereu se reunió, por separado, con sus homólogos francés y alemán para abordar en particular el refuerzo a la industria europea y pedirles apoyo para su propuesta de incluir un pilar industrial en el futuro Fondo de Competitividad que la UE prevé incluir en su presupuesto plurianual 2028-2034.
