Marcelo Nagy |
Budapest (EuroEFE).- El veto a la marcha del Orgullo LGTBI en Hungría, inspirado en la política represiva de Rusia, es visto como un intento del primer ministro, Viktor Orbán, de reforzar su apoyo entre los ultraconservadores ante su caída en las encuestas.
En la Hungría de Orbán, en el poder desde 2010 con mayoría absoluta en el Parlamento, las restricciones a los derechos de la comunidad LGTBI tienen un largo historial, pero hasta ahora la marcha del Orgullo no había sido un objetivo directo de estas medidas.
La reforma aprobada recientemente de la ley de reunión señala que se prohibirán «las reuniones que promuevan o exhiban el cambio de sexo de nacimiento o la homosexualidad», así como la participación en ellas, todo en nombre de la defensa de los menores y su desarrollo «adecuado».
Imitando el modelo ruso
«Hemos analizado lo que ha sucedido en Rusia. Está claro que (el Gobierno de Orbán) quiere hacer algo semejante aquí también, para debilitar y hacer imposible el trabajo de las organizaciones civiles», explicó a EFE Máté Hegedűs, portavoz de Pride Budapest, que organiza todos los años esa celebración reivindicativa.
«Consideramos absolutamente inaceptable que el Gobierno, con una medida fascista como esta, decida quién es el que puede manifestarse en defensa de sus propios derechos y quiénes no», agregó Hegedűs.
El activista subrayó que, pese a la prohibición, Budapest Pride sigue adelante con los preparativos para la marcha, el evento que cierra el mes del Orgullo.
«Cuando los organizadores y participantes del Orgullo defienden sus propias libertades, están defendiendo los derechos de todos los húngaros», afirmó el Pride Budapest en un comunicado.
Otros, como la ONG pro derechos de la comunidad LGTBI más grande del país, Háttér, recordaron, tras la aprobación de la ley, que la comunidad «ya ha sobrevivido épocas de opresión».
«Ninguna ley o narrativa gubernamental podrá hacernos desaparecer de la sociedad», subrayó Háttér en un comunicado.
En los últimos 15 años, el Gobierno de Orbán ha impulsado leyes que restringen los derechos de la comunidad LGTBI, incluyendo la prohibición del reconocimiento legal del cambio de género, la adopción para parejas del mismo sexo y la definición constitucional del matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer.
Una de las últimas de estas medidas fue la denominada «ley de defensa de los menores», que relaciona la homosexualidad con la pederastia y que fue la referencia para los diputados del Fidesz al redactar la enmienda aprobada el martes.
En este contexto Hegedűs, al ser preguntado sobre el temor de que aumenten los ataques homófobos en el país a raíz de la reforma legal, recordó que «a pesar de los intensos ataques políticos de los últimos años el apoyo de la comunidad sigue creciendo».
«Es en vano que tomen medidas cada vez más peligrosas, no disminuye nuestro apoyo», enfatizó.
Límites en el derecho de reunión
Políticos y analistas atribuyen la radicalización de Orbán a la amenaza que representa Tisza, el principal partido de la oposición, liderado por el disidente Péter Magyar, para la hegemonía del gobernante Fidesz. En algunas encuestas Tisza saca hasta nueve puntos de ventaja al partido de Orbán.
En este contexto, el partido gobernante buscaría captar el voto de la extrema derecha con un discurso aún más homófobo.
«No es casualidad que la ley de reunión se haya endurecido justo ahora», afirmó Magyar en Facebook, agregando que la reforma legal sirve para «distraer la opinión pública» cuando millones de húngaros viven en una grave crisis de subsistencia.
Esta decisión la toman «a pocos meses de que acabe su poder», aludió el político opositor a una eventual derrota del Fidesz en las próximas elecciones previstas en la primavera de 2026.
El político independiente Ákos Hadházy, uno de las figuras más importantes de la oposición, aseguró en Facebook que la reforma legal al limitar el derecho de reunión «hará posible oprimir cualquier protesta en el futuro».
Según el político, con las disposiciones de la enmienda que autorizan a la policía a utilizar programas de identificación facial «se está poniendo en marcha un total tecno-fascismo».
La prensa independiente recuerda que, en 2018, el Gobierno instaló 35.000 cámaras de vigilancia con sistemas de identificación, justificando la medida como parte de la lucha contra la delincuencia, aunque en su momento negó rotundamente que fueran a usarse para vigilar a la población.
