Bruselas (EuroEFE).- Los Estados de la Unión Europea (UE) acordaron este miércoles retrasar la aplicación de dos directivas en materia de sostenibilidad corporativa con el fin de negociar una simplificación de las mismas que suavice sus exigencias y limite el número de empresas que deben cumplirlas.
La propuesta, pactada entre los embajadores de los Veintisiete ante la UE, forma parte de la llamada ley «ómnibus» presentada por la Comisión Europea el mes pasado con el objetivo de aliviar las cargas regulatorias para las empresas.
Por un lado, prevé retrasar en dos años la aplicación de la Directiva europea de presentación de informes de sostenibilidad para las grandes empresas que aún no han empezado a entregar estos informes, así como para las pequeñas y medianas empresas cotizadas.
Por otro, amplía en un año el plazo que tenían los Estados para introducir en su legislación nacional la Directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa, así como para la primera fase de su aplicación, que afectaba a las grandes empresas.
🚗💨 In a fast-track procedure, @EUCouncil agrees position on the ‘stop-the-clock’ mechanism on sustainability reporting and due diligence requirements for 🇪🇺 companies.
— EU Council Press (@EUCouncilPress) March 26, 2025
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El objetivo de la medida, que aún tiene que ser negociada entre los países y el Parlamento Europeo para ser aprobada, es dejar tiempo a estos mismos legisladores para negociar el resto del paquete ómnibus, que incluye los detalles de cómo se simplificarán estas reglas, indicó el Consejo en un comunicado.
Los planes de Bruselas pasan por reducir en un 80 % el número de empresas que estarán obligadas a presentar informes de sostenibilidad al limitar esta exigencia a las que superen los 1.000 empleados o los 450 millones de euros en facturación anual.
En cuanto a la directiva de diligencia debida, que obliga a las grandes compañías a prevenir, mitigar y remediar su impacto en la sostenibilidad medioambiental y social, la Comisión propuso suavizar las multas por incumplimiento, eliminando el umbral que exigía que la sanción mínima fuese al menos el 5 % de la facturación anual; así como suprimir la obligación de que rescindan sus contratos con proveedores que cometan vulneraciones.
Críticas desde ONG y sindicatos
Las propuestas fueron criticadas por numerosas ONG y sindicatos, que consideran que más que una simplificación constituyen una «desregulación», que suponen un paso atrás en los compromisos climáticos y sociales de la UE, y que penalizan a las empresas pioneras en invertir en sostenibilidad mientras que favorecen a las que arrastraron los pies.
La Comisión niega que se esté retrocediendo en las políticas verdes y defiende que con esta simplificación se avanza hacia una reducción del 25 % de las cargas para las empresas y del 35 % para las pymes, atajando así una de las principales barreras que, según las firmas europeas, les frena a la hora de competir con las empresas chinas o estadounidenses.
