Bruselas (EuroEFE).- La vicepresidenta de Transición Limpia de la Comisión Europea y también responsable de Competencia, Teresa Ribera, afirmó este martes que el Ejecutivo comunitario no rehuirá su responsabilidad de multar a las plataformas digitales si incumplen la normativa.
«El cumplimiento es nuestro primer objetivo. Si no vemos voluntad de cooperar no rehuiremos el imponer las multas identificadas por la ley«, dijo en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.
La vicepresidenta argumentó que «se pueden y se tienen» que imponer multas a las plataformas digitales para «proteger los mercados y a los consumidores», tal y como haría «cualquier Estado miembro, cualquier otro país o en cualquier otro sector».
Apple y Meta
Bruselas concluyó el año pasado que Apple incumplió la ley de mercados digitales (DMA) por sus prácticas en la App Store, donde impide a los desarrolladores de aplicaciones móviles hacer ofertas a los s en sus páginas webs, así como por dificultar que los consumidores se instalen tiendas de apps de terceros.
También llegó a la conclusión de que Meta no respetó la normativa, por su política de privacidad de datos, al obligar a los s a tener que pagar para evitar contenidos en Instagram basados en su perfil.
Hace tres semanas, obligó a la compañía de la manzana a abrir los sistemas operativos del iPhone y el iPad para garantizar la interoperabilidad de los dispositivos eléctronicos de sus competidores y avisó a Alphabet (matriz de Google) de posibles sanciones si sigue dando preferencia a sus productos en sus sistemas de búsqueda.
Ribera recordó que la DMA «nació de la preocupación por una economía de plataformas digitales que esté controlada por un grupo pequeño de actores que acumulan un considerable poder económico».
Esta legislación busca «proteger a los s y a las empresas en Europa» y se aplica «de una forma justa y no discriminatoria«, defendió.
«Es lo que hemos hecho recientemente en dos decisiones tomadas con respecto a Apple, las dos primeras bajo la DMA (ley de mercados digitales)».
Revisión de las normas sobre fusiones
Por otra parte, Ribera avanzó este martes que la revisión de las reglas europeas sobre fusiones para adecuarlas a realidad económica actual será «más amplia de lo planificado inicialmente«.
Esa revisión, que «se lanzará en las próximas semanas», incluirá cambios en las orientaciones para evaluar concentraciones tanto horizontales como no horizontales, precisó.
El objetivo es adecuar las reglas sobre fusiones a los «cambios» que transforman actualmente la economía europea, como la globalización, la digitalización y la descarbonización, y el Ejecutivo comunitario buscará un proceso de consultas lo más «amplio» posible.
En este sentido, la responsable de Competencia de la Comisión Europea señaló que cuando se habla de «campeones europeos» no sólo se hace referencia al «tamaño» de las empresas europeas en comparación con sus rivales mundiales sino también a «cómo operar en un mercado que funcione bien».
Subsidios extranjeros y ayudas de Estado
La política española recordó, dentro de su cartera de Competencia, que lanzó en marzo la revisión de la ley sobre subsidios extranjeros, que busca proteger a las empresas europeas frente a sus competidores globales que se han beneficiado de ayudas públicas que distorsionan el funcionamiento del mercado interior.
Ribera señaló que el objetivo es conseguir que «cada compañía juegue con las mismas reglas» y remarcó que las nuevas orientaciones para implementar esta legislación «estarán preparadas a final de año» y «darán más indicaciones para analizar los efectos distorsionadores» que provocan los subsidios extranjeros.
Por otro lado, detalló su intención es que las nuevas normas sobre ayudas de Estado, cuyo borrador fue enviado a principios de marzo a las capitales para su consideración, sea adoptado en junio.
En concreto, la Comisión Europea quiere relajar hasta el 31 de diciembre de 2030 las normas comunitarias sobre ayudas públicas para proyectos e inversiones que aceleren el despliegue de energías renovables, apoyen la descarbonización industrial o aumenten la producción de tecnologías limpias.
En la práctica, esto significa que Bruselas permitirá durante otros cinco años que los Estados desplieguen recursos propios para acelerar la descarbonización de sus economías con medidas que, de lo contrario, estarían prohibidas por las reglas normales sobre ayudas públicas.
