Berlín (EuroEFE).- Las autoridades de inteligencia alemanas anunciaron este viernes que han clasificado a Alternativa para Alemania (AfD) como «caso seguro de extremismo de derechas», lo que permite aumentar la eventual vigilancia de ese partido, el principal de la oposición.
El anuncio, que la AfD condenó al considerarlo un «duro golpe a la democracia», lo hizo en un comunicado la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV, por sus siglas alemanas), nombre que reciben en Alemania los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior.
La decisión de la BfV afecta a todo el partido de ultraderecha, que ya contaba con esa consideración de «caso seguro» de extremista de derechas en varios estados federados, en concreto en los orientales de Turingia, Sajonia y Sajonia-Anhalt.
El anuncio pone bajo presión a la formación que liderará la oposición en esta legislatura, que comenzará la semana que viene con la investidura como canciller del conservador Friedrich Merz, que ganó las elecciones generales de febrero solo por delante de la AfD, segunda fuerza más votada con un 20,8 % de los sufragios.
La decisión de la BfV no implica una prohibición de la AfD, pero sí permite aumentar la eventual vigilancia de la formación a nivel nacional.
Como consecuencia, los de la AfD podrán ser sujetos a la observación de los servicios secretos, lo que puede incluir escuchas telefónicas, vigilancia sobre correos electrónicos o incluso la infiltración en la formación de informantes al servicio del Estado.
Incompatible «con el orden democrático básico»
La BfV, tras revisar de forma «exhaustiva y neutral» el informe que ha ido recopilando sobre AfD, de unas 1.100 páginas, señaló en su comunicado que «la concepción étnica y basada en la ascendencia que prevalece en el partido no es compatible con el orden democrático básico«.
Esa concepción «pretende excluir a determinados grupos de población de la participación igualitaria en la sociedad, someterlos a un trato desigual que no se ajusta a la Constitución«, según la BfV.
En concreto, la oficina aludió al «gran número de declaraciones antiextranjeros, antiminorías, antiislam y antimusulmanas» de los líderes del partido.
«El factor decisivo para nuestra valoración es la concepción étnica y basada en la ascendencia que tiene la AfD del pueblo, que devalúa a grupos enteros de población en Alemania y viola su dignidad humana«, señaló la vicepresidenta de la BfV, Silke Willems.
«Esta concepción del pueblo se concreta en la postura general antimigrantes y antimusulmana del partido», abundó.
La reacción de la AfD
Alice Weidel y Tino Chrupalla, los dos líderes de la AfD, afirmaron en un comunicado que el objetivo es descalificar y desacreditar a una formación a la que algunas encuestas sitúan como primera en intención de voto, y prometieron tomar medidas legales para «seguir defendiéndose jurídicamente».
«La decisión de hoy de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución es un duro golpe a la democracia de Alemania en su conjunto. En las actuales encuestas AfD va en cabeza como primera fuerza. Al Gobierno solo le quedan cuatro días en el cargo«, enfatizaron, al aludir a los sondeos de intención de voto más favorables para el partido.
En vísperas de la investidura de Merz, el partido ultraderechista ahora se ve «desacreditado públicamente y criminalizado», opinaron, en un proceso que consideraron «claramente políticamente motivado«.
La AfD ya intentó sin éxito de impugnar en los tribunales que la BfV considerara al partido como «caso sospechoso» de extremismo de derechas, la clasificación que tenía la formación hasta ahora, pero las autoridades alemanas ganaron el proceso ante el Tribunal istrativo Superior de Renania del Norte-Westfalia.
Un veto al partido, improbable
La BfV no tiene competencias para lanzar un proceso de prohibición contra partidos políticos, pues una iniciativa así sólo la pueden iniciar tres instituciones: el Gobierno, la Cámara Baja del Parlamento o ‘Bundestag’, y el ‘Bundesrat’ o cámara de representación territorial.
En la pasada legislatura fracasaron las tentativas en el ‘Bundestag’ que trataron de iniciar un proceso de veto, decisión que, en último término, ha de tomar el Tribunal Constitucional, con sede en Karlsruhe, en el oeste de Alemania.
Tanto el canciller en funciones, Olaf Scholz, como su ministra del Interior, la también interina Nancy Faeser, se mostraron escépticos sobre esa posibilidad.
«Creo que es un asunto en el que no hay que precipitarse. Después de todo, una de las cosas con las que tenemos que lidiar como ciudadanos y políticos es el hecho de que el Tribunal Constitucional ha rechazado todas las recientes solicitudes de prohibición«, recordó Scholz.
Según señaló a EFE Hajo Funke, politólogo de la Universidad Libre de Berlín y experto en la extrema derecha alemana, la infiltración en el partido podría, sin embargo, ser un «obstáculo» de cara a un posible proceso de ilegalización de AfD.
«Si se piensa en una prohibición, entonces los informantes no son algo bueno, porque podrían influir en el partido«, explicó Funke, al aludir al debate sobre un proceso que busque prohibir al partido.
Hasta la fecha, cada vez que la BfV se ha pronunciado sobre el potencial anticonstitucional de AfD, no ha habido efectos políticos, y la formación ha seguido creciendo.
De hecho, el apoyo al partido ha mejorado recientemente respecto a sus resultados en las elecciones generales, pues se le atribuye un 23 %, según un estudio demoscópico publicado este viernes en la segunda televisión alemana, la ‘ZDF’, y algunos sondeos lo sitúan incluso por encima del bloque conservador de Merz.
