Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea decidió este miércoles llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber implementado totalmente la ley europea de servicios digitales, que busca asegurar que las grandes plataformas luchan contra el contenido ilegal y la desinformación.
En concreto, España no ha dado las competencias necesarias al coordinador nacional encargado de aplicar la norma en el país ni ha establecido las reglas que fijan las sanciones en caso de que se infrinja la regulación, según explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Bruselas ha llevado ante los tribunales por el mismo motivo a República Checa, Chipre, Portugal y Polonia, a quienes había abierto sendos expedientes por este motivo el año pasado y había dado un ultimátum para que cumplieran con la directiva (conocida como DSA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2022.
Esa ley exigía que los Estados designasen a una o más autoridades competentes para supervisar y aplicar la norma en su territorio a más tardar el 17 de febrero de 2024, y que les diesen poderes suficientes para llevar a cabo esta tarea, así como que estableciesen las reglas sobre las sanciones en caso de infracción.
«El trabajo de los coordinadores nacionales de servicios digitales es esencial para supervisar y hacer cumplir la DSA y asegurar la aplicación uniforme de la regulación en toda la Unión», recordó la Comisión.
Entre los países a los que Bruselas ha remitido al TJUE, Polonia es el único que no ha designado aún un coordinador, mientras que el resto, si bien han elegido a esa autoridad, no han llegado a darles las competencias necesarias.
Además, ninguno de los cinco, incluida España, ha fijado las sanciones en caso de incumplimiento.
Bruselas puede pedir a los tribunales que impongan sanciones a los países si estos no toman medidas para atajar el incumplimiento de la legislación europea o si no atienden a las sentencias judiciales.
La DSA fija normas para detectar el contenido ilegal en Internet -incluidos bienes y servicios- en las plataformas digitales, en función de su tamaño; además de asegurar que la publicidad es transparente, actuar contra la desinformación y proteger a los menores.
Se trata de la primera gran regulación de la UE para las grandes plataformas, junto con la Ley de Mercados Digitales, y ambas han despertado suspicacias en los gigantes de Internet, además de derivar en abril en millonarias multas para Apple y Meta por sus prácticas monopolísticas.
Presión para reforzar la ciberseguridad…
En una decisión paralela, Bruselas envió además este miércoles un dictamen motivado (segundo paso en el procedimiento de infracción) a diecinueve países de la UE, entre ellos España.
Lo hizo porque esos Estados no han traspuesto a tiempo a su legislación nacional las nuevas normas reforzadas de ciberseguridad en la Unión Europea, conocidas como Directiva NIS2, cuyo plazo de transposición venció el 17 de octubre de 2024.
«La Comisión insta a 19 Estados a transponer plenamente la Directiva NIS2«, informó el Ejecutivo comunitario al citar a Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, España, Francia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Finlandia y Suecia.
La Directiva NIS2 busca reforzar la seguridad en entidades que operan en sectores críticos, como servicios públicos de comunicaciones electrónicas, gestión de servicios TIC, servicios digitales, gestión de aguas residuales y residuos.
También cubre a los servicios relacionados con el espacio, la salud, la energía, el transporte, la fabricación de productos críticos, servicios postales y de mensajería, y la istración pública.
«La plena aplicación de la legislación es clave para seguir mejorando la resiliencia y las capacidades de respuesta a incidentes de las entidades públicas y privadas que operan en estos sectores críticos y en la UE en su conjunto», subrayó la Comisión.
Por ello, Bruselas ha decidido emitir un dictamen motivado a los diecinueve Estados , que ahora disponen de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. En caso contrario, la Comisión podrá decidir remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
…y para actualizar normas medioambientales
La Comisión Europea emitió además otro dictamen motivado a doce países, entre ellos España, por no trasponer a tiempo a su legislación nacional las nuevas normas del sistema de comercio de emisiones de CO2 de la UE, el llamado ETS.
«La Comisión insta a los Estados a acelerar la transposición de las normas acordadas para fortalecer y ampliar el comercio de emisiones de la UE«, trasladó el Ejecutivo comunitario a Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, España, Letonia, Hungría, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Finlandia.
La Directiva sobre el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS), cuyo plazo de transposición venció el 31 de diciembre de 2023, refuerza las normas vigentes y extiende la obligación de pagar por tonelada emitida de CO2 al transporte marítimo, entre otros aspectos, señaló el Ejecutivo.
Además, y en el mismo ámbito, la Comisión Europea ha enviado también dictámenes motivados a España, Bélgica, Bulgaria, Estonia, Chipre, Letonia, Hungría, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Finlandia «por no haber transpuesto o haber transpuesto solo parcialmente a la legislación nacional» otra Directiva que revisa las obligaciones en el sistema ETS aplicables al sector de la aviación.
«La transposición completa de estas directivas es esencial para garantizar el correcto funcionamiento del EU ETS, evitar distorsiones en el mercado interior y alinear el sistema con los objetivos climáticos de la UE para 2030 establecidos en la Ley Europea del Clima», subrayó la Comisión Europea.
En enero de 2024, Bruselas envió cartas de emplazamiento a todos los Estados de la UE, salvo Dinamarca, por no haber adecuado su legislación nacional a la europea en el ámbito del comercio de CO2, pero «los mencionados anteriormente no han comunicado una transposición completa o solo lo han hecho de manera parcial».
«Por lo tanto, la Comisión ha decidido emitir dictámenes motivados a los Estados afectados, quienes ahora tienen dos meses para responder y tomar las medidas necesarias para transponer de manera completa y correcta. De lo contrario, la Comisión puede decidir remitir los casos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea», concluyó el Ejecutivo.
