Madrid (EuroEFE).- Casi la mitad de las leyes españolas aprobadas el año pasado tienen su origen en normas europeas, que definieron desde la política fiscal a la digital, aunque España sigue siendo el país de la UE con más infracciones abiertas por incumplir trasposiciones de normas, con 90 casos.
En 2024, el 46 % de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en España tenían como objetivo trasponer reglamentos y directivas acordadas en las instituciones europeas, según el informe anual al respecto presentado este martes por la Oficina del Parlamento Europeo en España.
Ese porcentaje es notablemente inferior al de 2023, cuando fue del 72 %, pero el dato de ese año fue inusualmente alto porque la convocatoria anticipada de elecciones generales en julio produjo un descenso de la actividad legislativa en España, con lo que 18 de las 25 iniciativas legislativas aprobadas ese año tuvieron origen europeo.
La media de los últimos cinco años indica que más de la mitad (el 53,6 %) de la legislación española aprobada durante el lustro que duró la última legislatura de la Eurocámara -de 2019 a 2024- tuvo que ver con normas provenientes de Bruselas, un dato que revela la influencia de la UE en la vida cotidiana en España.
De la conciliación a las redes sociales
Según el informe, de las 24 leyes aprobadas por las Cortes en 2024 y publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un total de 11 se derivan de las instituciones europeas, lo que supone un 46 %.
De ellas, hay cinco que trasponen directivas europeas o adaptan reglamentos de la UE al ordenamiento jurídico español.
Dos son políticas de igualdad -la directiva sobre conciliación familiar y profesional y la relativa a la representación paritaria de mujeres y hombres en sociedades cotizadas- mientras que otra tiene que ver con el intercambio de información con otros Estados sobre antecedentes penales.
Otra de ellas afecta al plano fiscal, con la aplicación del impuesto a las multinacionales acordado por los Veintisiete, mientras que la quinta adapta a España el reglamento europeo que establece un mercado único de servicios digitales.
Se trata de la Ley de Servicios Digitales (DSA, en inglés), que obliga a las grandes plataformas de internet a moderar sus contenidos y a informar a Bruselas sobre las medidas que toman para preservar los derechos fundamentales o los procesos electorales.
Esa norma ha dado mucho de qué hablar a raíz de los procedimientos abiertos contra redes sociales como X, Meta y otros gigantes de internet, y porque prevé multas de hasta el 6 % de la facturación mundial anual de las compañías que no cumplan con la normativa.
El 46% de las leyes aprobadas en España en 2024 deriva de directrices y decisiones europeas.
— Parlamento Europeo en España (@Europarl_ES) January 14, 2025
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Las otras seis leyes aprobadas en 2024 contienen recomendaciones, programas o iniciativas comunitarias -es decir, respetan la línea marcada por las instituciones de la UE- pero no tienen un mandato expreso de transposición.
Salud, trabajo e inteligencia artificial
Más allá de las leyes aprobadas por las Cortes, en 2024 hubo otras 20 normativas aprobadas por el Consejo de Ministros que adaptaron reglamentos europeos en forma de Reales Decretos, sin rango de ley, lo que hace que no sea necesario seguir después un procedimiento parlamentario.
Entre estos casos, figura un Real Decreto que aumenta la protección de los trabajadores frente a la exposición a agentes cancerígenos en el ámbito laboral. También otro que recoge las normas de entrada, residencia y trabajo en España para trabajadores temporeros, de alta cualificación, investigadores, estudiantes en prácticas y nacionales de terceros países.
Además, en 2024 se aprobaron 84 reglamentos europeos que son de directa aplicación y, por tanto, ya forman parte del conjunto de leyes españolas, como por ejemplo el reglamento que prohíbe los productos realizados con trabajos forzosos.
Entre ellos está también la primera ley del mundo que regula la Inteligencia Artificial, por la que los países de la UE podrán empezar este año a prohibir ciertos sistemas en función del riesgo que supongan para sus ciudadanos.
Tapones y cargadores: las normas que marcan tu día a día
De la legislatura europea que comenzó en 2019 y concluyó el año pasado surgieron varias normas que afectan al día a día de los ciudadanos en toda la UE.
Entre ellas está el conocido cambio en los tapones de las botellas de plástico, que ahora deben mantenerse adheridos cuando éstas se abren, a raíz de la entrada en vigor en julio de 2024 de la directiva europea sobre plásticos de un solo uso.
Otras normas aprobadas en la pasada legislatura y que prometen influir mucho en el marco español son:
- la del cargador universal: a partir de enero de 2025, todos los móviles, tabletas y cámaras que se vendan en la UE deberán tener un puerto de carga USB tipo C.
- la Ley europea del clima, que transforma en una obligación el compromiso político del Pacto Verde de alcanzar la neutralidad climática en 2050.
- el Pacto de Migración y Asilo, que recoge la posibilidad de pagar para evitar acoger migrantes y un proceso acelerado para tramitar solicitudes de asilo en las fronteras, entre otras medidas, y que aún no está plenamente en vigor.
- La reforma del mercado eléctrico, que busca proteger a los consumidores, precios más estables y asequibles, e impulsar el despliegue de las renovables.
- La ley europea contra la violencia de género, que, por primera vez, establece un marco supranacional para combatir ese problema sistémico en toda la UE.
La directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, recordó este martes en una charla con periodistas que la vivienda es una de las prioridades fijadas por la Comisión Europea en el actual mandato, algo que promete tener también consecuencias directas para los ciudadanos españoles.
Mala nota para España en la adaptación de leyes
Pese al elevado porcentaje del trabajo europeo presente en la legislación española, España sigue siendo el Estado miembro con más infracciones abiertas por parte de la Comisión Europea por incumplimiento de transposiciones.
Bruselas tiene activos 90 procedimientos en el caso de España, seguida de Polonia con 88, Grecia con 81 y Bulgaria de 79, según datos facilitados por la Oficina del Parlamento Europeo en España.
Además, España tiene pendientes de trasponer 87 directivas europeas, de las cuales 29 tenían un plazo para ser adaptadas que ya ha vencido, según datos de diciembre del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español.
Entre esas directivas pendientes de aplicación en España hay una sobre la calidad del aire y otra que refuerza la lucha contra la trata de personas y que incluye nuevas modalidades de explotación, como la maternidad subrogada.
Editado por Lucía Leal, con información de Sol Carreras de EFE Nacional
