Palma (EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado la segunda condena por abusos sexuales al exconcejal del PP de Palma Javier Rodrigo de Santos por aprovecharse de un preso a quien debía tutelar.
El alto tribunal ha desestimado un recurso del exregidor, que deberá cumplir una pena de dos años de prisión por abusar sexualmente de un recluso mientras trabajaba para una fundación que atendía a reos en la localidad madrileña de Aranjuez, como ha avanzado este martes el diario Última Hora.
La resolución, a la que ha tenido EFE, detalla que los abusos sexuales se produjeron en el contexto de una relación entre un educador y una persona con falta de arraigo personal y social en el país, que pernoctaba en un piso de una fundación colaboradora del Centro Penitenciario Madrid VI mientras cumplía una pena de prisión y durante los permisos de salida.
«En esas circunstancias no ofrece duda que la víctima era una persona en situación de vulnerabilidad lo que conlleva un mayor reproche de la conducta del autor y justifica sobradamente la opción penológica establecida en la sentencia impugnada», recoge esta sentencia.
Como argumenta el tribunal de instancia, durante el episodio de abusos, «se realizó una acción no consentida porque el autor sabía que la víctima no deseaba los actos de contenido sexual realizados y así lo evidencia precisamente que la víctima rechazara los tocamientos».
Condena en 2021
En octubre de 2021, la Audiencia Provincial de Madrid condenó al concejal ‘popular’ de Urbanismo del PP en Cort entre 2003 y 2007 a dos años de prisión por abuso sexual a un preso de la ONG Padre Garralda en 2017, y fue absuelto de los delitos contra la libertad sexual y agresión sexual de los que estaba acusado.
Las magistradas consideraron probado un abuso a un preso, pero no que Rodrigo de Santos obligara a otro interno a mantener con él relaciones sexuales no consentidas amenazando con retirarle el aval de la fundación ante Instituciones Penitenciarias.
El exconcejal fue juzgado en septiembre de 2021 por presuntas agresiones sexuales bajo coacción a dos presos que disfrutaban de permisos penitenciarios en pisos de la Fundación Padre Garralda, en la que era coordinador.
La Fiscalía pidió para el expolítico hasta 20 años de cárcel al entender que sometió repetidamente a agresiones sexuales a los dos presos, después de haber sido condenado en 2010 por un delito de abuso sexual con carnal a menor a cinco años de prisión.
