Logroño, (EFE).- El Gobierno de La Rioja ha exigido al de España un trato igual a las comunidades autónomas en la financiación autonómica y ha criticado que haya comenzado a negociar una financiación singular para Cataluña, que entiende que supone unos privilegios para los habitantes de esa región en perjuicio de los del resto de territorios.
Así lo ha detallado este martes el portavoz del Ejecutivo riojano y consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, en una rueda informativa, en la que se ha referido a la reunión de este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (FF), a la que él asistió.
Domínguez ha destacado la preocupación expresada por la práctica mayoría de comunidades autónomas y de diferentes colores políticos por la existencia de un modelo de financiación autónoma «obsoleto», que data de 2009, y del que provienen el 80 % de los recursos a las comunidades.
El Ministerio de Hacienda no hizo ninguna propuesta a las comunidades de un nuevo modelo de financiación autonómica, ha señalado Domínguez, para quien el Gobierno riojano está «preocupado y decepcionado» por esta «parálisis» en la reforma.
Financiación singular para Cataluña
También ha criticado que, frente a esa parálisis, se producen «avances» en «el establecimiento de un sistema singular solo para Cataluña, negociado entre partidos políticos y sin que el resto de comunidades tengan información».
Esta financiación singular para una comunidad autónoma, ha recalcado, supone un «privilegio» para los ciudadanos de una región y un perjuicio para el resto de habitantes de las demás.
El Ejecutivo riojano también transmitió al Ministerio su preocupación por el proceso de condonación de la deuda en el que está inmerso el Gobierno de España con Cataluña, ha indicado.
Además, ha explicado que el Gobierno de La Rioja se abstuvo en la votación de los objetivos de estabilidad presupuestaria expresados por el Ministerio para el próximo año, por el que las comunidades tendrán un máximo de déficit del -0,1 % en sus cuentas públicas y un máximo de deuda del 20,8 % del PIB.
Esa abstención, ha dicho, se basó en que no tiene la información suficiente para valorar si estos objetivos garantizan la sostenibilidad financiera o no y faltaban datos sobre las entregas a cuenta para 2025.
