Logroño (EFE).- El concejal del PR+ de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha anunciado este lunes que emprenderá acciones legales si el alcalde, el popular Conrado Escobar, no abre de forma inmediata una investigación por la alteración de las actas de los grupos de trabajo para la revisión de los criterios del Plan General de la ciudad.
“Las actas que el Gobierno facilita a los grupos en julio no se ajustan a lo que firmó la directora general en mayo», ha subrayado Antoñanzas en una nota, en la que ha indicado que son «documentos públicos que han sido modificados y el alcalde tiene que localizar de forma inmediata a la persona que las ha cambiado y dar explicaciones”.
Ha añadido que pedirá la comparecencia del Gobierno municipal en el pleno del próximo mes de abril y no descarta “emprender acciones legales por un posible delito de falsedad documental si no tenemos una respuesta clara y no se toman medidas al respecto”.
Antoñanzas ha añadido que “la excusa del Gobierno local de que se trata de un borrador es absurda porque no hay una votación explícita para aprobar las actas, ya que si no hay objeciones por parte de ningún grupo, el documento se considera válido”.
«No entendemos cómo envían un borrador si ya había un acta firmada por una directora general, a no ser que haya una intencionalidad por parte del Gobierno de acallar a la directora general, que fue cesada en julio, dos meses después de firmar este documento», ha reseñado.
Falta de transparencia
También se ha referido a que la falta de transparencia en todo lo relativo al Plan General ha sido constante.
«Al unir todas las piezas del puzle, nos lleva a pensar que todos los pasos que ha dado el alcalde buscaban salvar un contrato con un incumplidor tras su participación en un acto de precampaña electoral de Escobar”, según Antoñanzas.
Se ha referido a que el PR+ ha sido el único grupo de la oposición que ha denunciado las «irregularidades» relacionadas con la tramitación del Plan General.
Ha recordado que, el pasado mes de julio, solicitó la comparecencia del Gobierno municipal para que aclarara el cese de la directora general que un año antes pidió la rescisión del contrato y los motivos por lo que se cambiaban los criterios aprobados por unanimidad en 2021.
Antoñanzas ha dicho que se rechazó esa comparecencia «con el silencio cómplice del resto de grupos de la oposición», ya que «nadie defendió la legitimidad del PR+ para pedir la comparecencia del Gobierno”.
Los nuevos criterios del Plan General se aprobaron en julio pasado, con la mayoría absoluta del PP y el voto en contra del resto de partidos.
Al mes siguiente, la Junta de Gobierno autorizó la modificación del contrato de revisión del Plan General, «manteniéndolo con la empresa que había incumplido el pliego de condiciones y que había sido sancionada por ello», según el concejal regionalista.
