María Avilés Torres, sobreviviente del conflicto armado interno de Guatemala, llega al Tribunal de Mayor Riesgo A para entregar su testimonio durante el juicio por genocidio contra el general retirado, Benedicto Lucas Garcia, en Ciudad de Guatemala. EFE/David Toro

Testigos recuerdan una masacre en Guatemala en el juicio contra un exgeneral por genocidio

Ciudad de Guatemala (EFE).- «Los soldados quemaron mi casa. No sé por qué motivo lo hicieron. Nosotros no teníamos armas. No teníamos nada», relató María Avilés Torres, una indígena ixil que perdió a sus padres y tres hermanos asesinados por el Ejército de Guatemala, en el juicio por genocidio en contra del general retirado Manuel Benedicto Lucas García.

María Avilés Torres, ahora de 63 años, narró en su idioma natal que los militares llegaron en enero de 1982 a su hogar en San Juan Cotzal, municipio del departamento (provincia) de Quiché, situado unos 250 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, y quemaron sus mazorcas y su ropa.

Junto a María rindió testimonio su hermana menor, Juana, de 59 años. Ataviadas con la indumentaria indígena, explicaron en su idioma que los militares ingresaron a su hogar y asesinaron a sus padres Diego Avilés y Catarina Cruz Torres.

María Avilés Torres, sobreviviente del conflicto armado interno de Guatemala, en el Tribunal de Mayor Riesgo A. EFE/David Toro

«Primero», a la madre de ambas, «la violaron, la mataron y luego la quemaron», aseguraron las hermanas, con cierta dificultad dada la carga emotiva y apoyadas en un intérprete.

Las hermanas se salvaron de morir ya que se encontraban lejos de su vivienda en ese momento, trabajando como agricultoras en un campo de siembra de maíz.

Lucas García, señalado por la masacre

El testimonio tuvo lugar en el juicio por genocidio que enfrenta Lucas García, de 91 años, acusado de dirigir entre 1981 y 1982 operaciones militares en el noroeste de Guatemala, donde murieron más de 1.770 indígenas a manos del Estado.

Todo ello en la etapa más sangrienta del conflicto armado interno en Guatemala, que durante 36 años (1960-1996) dejó más de 240.000 personas asesinadas o desaparecidas, de acuerdo a informes de organismos internacionales.

El debate oral y público se instaló el pasado viernes y se lleva a cabo en el Tribunal de Mayor Riesgo «A» del Organismo Judicial guatemalteco.

Lucas García, preso desde 2018 por otro caso vinculado con el conflicto armado interno guatemalteco, sigue el juicio de manera virtual desde el hospital militar donde está internado.

Al general retirado lo acusa la Fiscalía guatemalteca por la muerte de 844 indígenas, puesto que era el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala durante la dictadura militar de su hermano, Romeo Lucas García (1978-1982).

Masacre como producto de la teoría del «enemigo interno»

Como Jefe del Estado Mayor del Ejército, Lucas García identificó como «el enemigo interno» a los pueblos maya Ixil de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, ubicados en Quiché, y se ejecutaron 32 masacres en más de 20 comunidades de esta región.

Un grupo de hombres mayas Ixiles del norte de Guatemala en una audiencia en el Tribunal de Mayor Riesgo A. EFE/David Toro

«El 13 % de las víctimas de este genocidio eran niños entre 0 a 3 años, fueron muertas mujeres embarazadas y ancianos desarmados por considerarlos afines a la guerrilla», indicó en la apertura del juicio la fiscal, Cándida Morales Santos.

Al menos unas 50 familias indígenas golpeadas por las masacres cometidas en estos pueblos del norte de Guatemala forman parte del proceso penal contra Lucas García por medio de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR).

La acción de Ríos Montt

Otras más de 926 personas masacradas fueron atribuidas a la dictadura de Efraín Ríos Montt (1982-1983), quien fue sentenciado por el genocidio del pueblo maya ixil por la continuidad entre 1982 y 1983 de las políticas de contrainsurgencia que inició Lucas García en 1981.

Sin embargo, la condena de 80 años impuesta contra Ríos Montt se anuló pocos días después por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, por supuestos errores de forma y tras pronunciamientos de los principales grupos económicos contra la sentencia.