Roma (EFE).- La Fiscalía de la ciudad italiana de Palermo (sur) reclamó este sábado 6 años de cárcel para el ultraderechista Matteo Salvini por haber bloqueado el barco de la ONG Open Arms con 147 inmigrantes en agosto de 2019 cuando era ministro del Interior, en el marco de sus políticas contra la inmigración.
La fiscal Marzia Sabella reclamó esa pena tras un largo alegato ante el Tribunal de Palermo señalando en sus conclusiones, entre otras cosas, que «el rechazo consciente» de aquella nave «lesionó la libertad personas de 147» inmigrantes «sin un motivo comprensible».
Salvini, actualmente vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloni y ministro de Infraestructuras, no acudió a la audiencia de este proceso en el que está acusado de los delitos de secuestro de personas y abuso de poder.
El caso se remonta a agosto de 2019, cuando este, por entonces ministro del Interior, impidió el desembarco en Italia de la nave de la ONG española Open Arms con 147 inmigrantes a bordo salvados en el Mediterráneo, en el marco de su férrea política de puertos cerrados.
El pulso duró 20 días, hasta la noche del 20 de agosto de 2019, cuando la justicia intervino para permitir finalmente el del barco al puerto de la isla italiana de Lampedusa (sur) y desembarcar a los 83 inmigrantes que quedaban a bordo, pues el resto habían sido sacados antes poco a poco por motivos médicos.
Antes de la petición de condena, el fiscal sustituto, Colagero Ferrara, apuntó en la vista que en este proceso «no hay nada de político» sino que se juzgan «actos istrativos» llevados a cabo por el político ultraderechista en calidad de ministro.
La abogada defensora, Giulia Bongiorno, presente en el tribunal, tildó de «un poco contradictorio» su alegato por considerar que está imputando «una línea política», dijo en una pausa a los medios.
Defender las fronteras italianas
Ferrara, entre otras cosas, explicó que cuando Salvini fue nombrado ministro, en junio de 2018, «las decisiones sobre los desembarcos fueron trasladadas a su gabinete desde el Departamento para las Libertades Civiles y la Inmigración».
«Era el ministro quien decidía y este es un elemento clave», alegó.
A lo largo del proceso Salvini ha defendido que su intención era defender las fronteras italianas y forzar un reparto de inmigrantes en Europa y ha asegurado que sus políticas eran «compartidas» por el resto del Gobierno, una coalición entre su Liga y el Movimiento 5 Estrellas presidida por el primer ministro Giuseppe Conte.
El fiscal sostuvo que en cualquier caso el respeto por las personas rescatadas debe estar por encima de todo. «Hay un principio clave y no discutible: entre los Derechos Humanos y la protección de la soberanía del Estado, en nuestro ordenamiento los primeros deben prevalecer», apuntó.
Este juicio ha sido posible porque en julio de 2020 el Senado votó a favor de permitirlo, dado que el político contaba con la inmunidad parlamentaria, y la sentencia en primer grado se espera a mediados de octubre.
Salvini: «Me declaro culpable de haber defendido Italia»
«El artículo 52 de la Constitución italiana declara la defensa de la patria como un deber sacro del ciudadano. Me declaro culpable de haber defendido Italia y a los italianos. Me declaro culpable de haber cumplido mi palabra», dijo en un vídeo en sus redes sociales.
El jefe de la Liga lamentó en este vídeo, con un fondo negro y una dramática luz cenital, que «nunca ningún Gobierno ni ningún ministro de la historia ha sido acusado o juzgado por haber defendido los confines de su propio país».
«Me llamo Matteo Salvini, nacido en Milán el 9 marzo de 1973. Soy vicepresidente del Gobierno y entre junio de 2018 y septiembre de 2019 fui ministro del Interior. Hoy soy juzgado y puedo entrar en la cárcel porque en el Parlamento la izquierda ha decidido que defender los confines es un delito», reprochó, en alusión al levantamiento de su inmunidad votado en el Senado en julio de 2020.
El político repasó el pulso que mantuvo con el barco de Open Arms en agosto de 2019 y aseguró que «en ningún momento se le impidió ir donde fuera excepto en Italia» porque, subrayó, el país «no podía seguir siendo el campo de refugiados de Europa».
«Más e 20 días de navegación en el Mediterráneo reteniendo a bordo a todos estos ‘clandestinos’ (término usado por la ultraderecha italiana para referirse a los migrantes irregulares) cuando para llegar a España bastaban 72 horas. Esta nave española rechazó dos veces el desembarco en dos puertos en España y la ayuda de una nave militar enviada por el Gobierno español», recordó.
Camps expresa su satisfacción por la petición de la Fiscalía
El fundador de Open Arms, Óscar Camps, expresó en un comunicado su satisfacción por la petición de la Fiscalía.
«El de hoy es un día importante para la justicia italiana y europea. El caso Open Arms es un caso particular y único, diferente de los procesos contra las ONG: en este caso se impidió voluntaria y arbitrariamente el desembarco en Italia por parte del Ministro», dijo.
Asimismo Camps ha destacado que durante este proceso en primera instancia se ha demostrado que las actividades de la ONG fueron «vigiladas por la Marina Militar, con un submarino, y transmitidas al Ministerio del Interior».
«Estas grabaciones, realizadas por un submarino de la Marina y presentadas durante las audiencias del juicio, muestran que no hubo una intervención institucional dirigida al rescate de las personas a bordo, sino solo la voluntad de filmar acciones u omisiones que pudieran ser imputables», denunció el fundador de Open Arms.
La sentencia del proceso se espera para el 18 de octubre, después del alegato final de la abogada de Salvini, Giulia Bongiorno.
Meloni defiende a Salvini
La primera ministra italiana Giorgia Meloni ha expresado su «total solidaridad» con su vicepresidente Matteo Salvini, para quien la Fiscalía pide seis años de cárcel por impedir el desembarco de 147 inmigrantes del barco humanitario español Open Arms en 2019, cuando era ministro del Interior.
«Es increíble que un ministro de la República Italiana corra el riesgo de acabar seis años en la cárcel por haber desempeñado su propio trabajo defendiendo los confines de la Nación, como pedía el mandato recibido de los ciudadanos», dijo Meloni en sus redes.
A su parecer, «transformar en un crimen el deber de proteger las fronteras italianas de la inmigración ilegal es un precedente gravísimo».
«Mi total solidaridad con el ministro Salvini», terminó.
