Quito (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles la desaparición forzada y posterior asesinato en Ecuador de cuatro menores de edad afrodescendientes tras haber sido detenidos irregularmente por militares en diciembre pasado, y cuyos cuerpos fueron hallados calcinados días después en una zona de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, una de las más afectadas por la violencia en el país andino.
En un comunicado, la CIDH recordó que el caso involucra a Steven Medina, de 11 años, y los adolescentes Josué Arroyo, de 14, y Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, ambos de 15 años.
«El Estado debe investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar, fortaleciendo las acciones de investigación que ya han sido emprendidas», reza el escrito.
Los militares de la patrulla que detuvo a los menores aseguran que dejaron a los menores vivos en una zona de Guayaquil, por lo que deslindan su responsabilidad en las muertes.
Desaparición forzada
Los menores desaparecieron el pasado 8 de diciembre en el sector de Las Malvinas, sur de Guayaquil, luego de un partido de fútbol y, según información oficial, los detuvieron el personal militar en las cercanías de un centro comercial y subidos a vehículos.
Esa noche, Ismael pudo comunicarse con su padre, a quien indicó que los acusaron de robo y los detuvieron militares.
Desde entonces, se encontraban desaparecidos. El 24 de diciembre, la Policía encontró los cuatro cadáveres incinerados y con signos de tortura, en una zona de manglar cercana a una base militar, recuerda la CIDH.
El 25 de diciembre, una jueza de Niñez y Adolescencia de Guayaquil, mediante un habeas corpus, declaró la desaparición forzada; ordenó la investigación y conminó al Ministerio de la Defensa Nacional a disculparse por los hechos, en nombre de los 16 militares que están en prisión preventiva mientras se les investiga como sospechosos.
El Ministerio de la Defensa apeló la decisión de habeas corpus, al argumentar que la declaración de desaparición forzada correspondía a la justicia penal, recordó al CIDH en un comunicado.
«Sumado a ello, el Ministerio de Defensa, tras emitir disculpas públicas por orden de la jueza, anunció que buscará una sanción contra ella, por considerar que su actuación dio paso a una ‘persecución política’; a la vez, criticó la ‘narrativa de derechos humanos’ contra las Fuerzas Armadas con supuestos fines políticos», agregó la CIDH, que ha mostrado su preocupación por esas declaraciones del Ministerio de Defensa.
La CIDH y las recomendaciones en el caso de los menores en Ecuador
El Estado transmitió a la CIDH su compromiso con el respeto y garantía de los derechos humanos, e informó sobre los distintos esfuerzos de localización de los menores, entre otras acciones.
La CIDH subrayó la importancia de que el Estado redoble sus esfuerzos para garantizar el a la justicia de las familias y comunidades mediante la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de los hechos, incluyendo medidas para que no vuelvan a ocurrir casos similares.
En el estudio del caso, la Comisión anotó que se debe tomar en cuenta la edad; el origen étnico-racial; la situación socioeconómica de las víctimas; así como los vejámenes causados a sus cuerpos, que merecen con respeto.
Asimismo, hizo un llamamiento a Ecuador a garantizar la seguridad de las familias; brindarles acompañamiento psicosocial y asegurar reparaciones adecuadas.
Bajo «conflicto armado»
El caso de los cuatro menores se produjo en el marco de la vigencia de sucesivos estados de excepción en el país, que han autorizado la acción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, en el marco de un «conflicto armado interno», declarado el 9 de enero de 2024 por el presidente, Daniel Noboa, para luchar contra las bandas criminales, a las que ha pasado a llamar «terroristas».
Hasta el momento existen más de 200 casos denunciados por excesos en el uso de la fuerza, 80 casos de tortura, por lo menos 8 casos de desapariciones forzadas y 15 ejecuciones extrajudiciales, según reportes de Fiscalía citados por la organización internacional Human Rights Watch (HRW).
