Santiago de Chile (EFE).- La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile rechazó este miércoles dar inicio a un juicio político (acusación constitucional) contra la exministra de Defensa, Maya Fernández, por la fallida compra por parte del Gobierno de la casa de su abuelo, el presidente Salvador Allende (1970-1973).
La acusación, que desde un inicio no sumó la mayoría necesaria, recibió 64 votos a favor, 70 en contra y ninguna abstención, y fue presentada por parlamentarios de derecha y ultraderecha para tratar de destituir e inhabilitar a Fernández para ejercer cargos públicos argumentando que cometió una infracción a la Constitución porque por su cargo no podía celebrar contratos con el Estado.
El vicepresidente de la Cámara Baja, el diputado democristiano Eric Aedo, calificó los argumentos de la oposición de “bastante débiles» y de «ataques personales».
La polémica por la casa de Allende
La abogada de Fernández, Claudia Sarmiento, encargada de defender a la exministra, sostuvo que “no se materializó ningún contrato, propiamente tal, mucho menos se generó un aumento patrimonial de ninguna parte”. Y añadió: «Solo hubo actos preparatorios».
Fernández presentó su dimisión al frente de la cartera de Defensa el 10 de marzo por un polémico intento, por parte del Ejecutivo, de comprar la casa de su abuelo para convertirla en un museo.
Críticas a la iniciativa de Boric
Fue a fines de 2024, cuando el Gobierno del presidente Gabriel Boric anunció la compra por 933 millones de pesos chilenos (unos 940.000 dólares al cambio de hoy) de la residencia de Allende, propiedad de los herederos de Allende, entre ellos la ya exministra y la senadora socialista Isabel Allende, una de las hijas del presidente.
Tras un aluvión de críticas, el Gobierno puso freno a la adquisición del inmueble, ubicado en la calle Guardia Vieja 392, en el barrio capitalino de Providencia, y pidió la renuncia el 6 de enero de la entonces ministra de Bienes Públicos, Marcela Sandoval.
En total, según la prensa local, son siete los funcionarios que renunciaron a sus cargos, entre ellos, asesores y abogados, debido a su grado de participación en la cadena que aprobó el proyecto.
