Caracas (EFE).- Venezuela rechazó este viernes «categóricamente» que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le haya solicitado abstenerse de celebrar elecciones en el territorio del Esequibo -en disputa con Guyana-, lo que planea hacer Caracas en los comicios del próximo 25 de mayo, y reiteró que no reconoce la jurisdicción del tribunal en este conflicto.
En un comunicado, el Gobierno de Nicolás Maduro calificó como «abusivas e intervencionistas» las medidas provisionales solicitadas por Guyana al órgano judicial de la ONU -que se declaró competente para pronunciarse sobre la controversia territorial- contra «el proceso electoral venezolano para la escogencia de las autoridades del estado Guayana Esequiba», como Caracas llama a la que considera su región número 24.
«Venezuela ratifica que, fiel a su posición histórica, no reconoce ni reconocerá jamás ni la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia ni acatará decisión alguna que emane de esta para dirimir la controversia», expresó.
La istración chavista, que insistió en que el Esequibo -de casi 160.000 kilómetros cuadrados- es «parte irrenunciable del territorio venezolano», señaló que, en cambio, la disputa está «regida por el Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento jurídicamente vinculante que estableció la obligación de las partes de resolver» el conflicto, mediante «un arreglo práctico y mutuamente aceptable».
«Nada en el derecho internacional permite a la Corte Internacional de Justicia inmiscuirse en asuntos que son exclusividad del derecho interno de Venezuela, ni pretender prohibir un acto soberano», dijo el país caribeño, para el que no habrá «presión internacional, chantaje judicial ni tribunal extranjero» que lo haga retroceder en la defensa de la zona rica en petróleo y otros recursos naturales.
La disputa de Venezuela por el Esequibo
Además, exigió a Guyana «dejar de dilatar las negociaciones directas y cumplir estrictamente» el Acuerdo de Ginebra.
El presidente guyanés, Irfaan Ali, celebró la decisión de la CIJ, con la que, a su juicio, se ha demostrado «una vez más» que la postura de su país «se ajusta al derecho internacional».
En diciembre de 2023, Venezuela llevó a cabo un referendo en el que consultó a su población sobre la creación de un nuevo estado en el Esequibo y la concesión de ciudadanía a sus habitantes, entre otras medidas, pese a que previamente la CIJ había ordenado a Caracas abstenerse de tomar cualquier acción que modifique la situación actual en el territorio en disputa.
En marzo de 2025, Guyana solicitó nuevamente a la CIJ medidas provisionales para impedir que Venezuela celebre elecciones en el área, argumentando que tales acciones violarían la orden de 2023 y alterarían el ‘statu quo’.
La disputa por el Esequibo se intensificó tras el descubrimiento de yacimientos petroleros en la región.
Guyana presentó el caso ante la CIJ en 2018, buscando una resolución legal al conflicto, pero Venezuela cuestiona la jurisdicción de la Corte.
Guyana urge a Venezuela a cumplir con las ordenes de la CIJ
Guyana urgió este viernes a Venezuela a cumplir con las ordenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa por la región del Esequibo y reiteró su negativa a entablar negociaciones bilaterales directas con la istración de Nicolás Maduro.
«El Gobierno de Guyana espera que el Gobierno de Venezuela actúe con responsabilidad en el cumplimiento de las órdenes de la Corte del 1 de diciembre de 2023 y del 1 de mayo de 2025, que son jurídicamente vinculantes para ambos Estados», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según el comunicado de Exteriores, las autoridades guyanesas esperan que, al cumplir Venezuela con estas ordenes, «respete plenamente la soberanía y la integridad territorial de Guyana».
La controversia se centra en la región del Esequibo, rica en petróleo y recursos naturales, istrada por Guyana desde hace más de un siglo, pero reclamada por Venezuela como parte de su territorio.
«El Gobierno de Guyana desea además recordar al Gobierno de Venezuela que no tiene intención de entablar negociaciones bilaterales respecto a la demanda venezolana de nulidad del Laudo Arbitral de 1899 y, por extensión, su reclamación sobre casi dos tercios del territorio de Guyana», continuó el texto.
