La militarización y el toque de queda no impidió las manifestaciones por la muerte de Floyd en Mineápolis y varias ciudades del país, en una fotografía de archivo. EFE/ Tannen Maury[

El Gobierno de Trump pone fin a supervisión de Policía acusada de uso de fuerza excesiva

Washington (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. del Gobierno de Donald Trump (DOJ, en inglés) anunció este miércoles que pondrá fin a los acuerdos de supervisión y reforma a la Policía con las ciudades de Louisville y Mineápolis, avanzados por la anterior istración en un intento de reformar estos departamentos involucrados en muertes que generaron múltiples protestas en el país.

El Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) había impulsado los acuerdos de ejecución judicial con los departamentos de Policía de estas dos ciudades, tras los asesinatos de los afroamericanos Breonna Taylor y George Floyd a manos de agentes de agentes en 2020.

Los pactos abordaban reformas en las agencias del orden sobre el abuso de la fuerza letal, prácticas policiales inconstitucionales y violaciones de los derechos civiles.

Gobierno Trump recula frente a uso excesivo de la fuerza de la Policía

Pero ahora el DOJ reculó su decisión bajo el argumento de que estos decretos de consentimiento, como se le conoce a los acuerdos, habrían impuesto años de «microgestión» de los departamentos de Policía por parte de tribunales federales, «costosos» monitores independientes, y cientos de millones de dólares gastados en su cumplimiento.

Trump filtra el audio del interrogatorio a Biden que expuso sus problemas de memoria
Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo

“Hoy ponemos fin al fallido experimento de la División de Derechos Civiles de Biden de maniatar a líderes locales y departamentos de Policía con decretos de consentimiento fácticamente injustificados”, dijo en un comunicado Harmeet K. Dhillon, fiscal de la División de Derechos Civiles del DOJ.

El fiscal considera que estos decretos son excesivamente amplios y despojan del control policial local a las comunidades donde corresponde, transfiriendo ese poder a burócratas “no electos e irresponsables, a menudo con una agenda antipolicial”.

El anuncio se da a cuatro días de que se conmemore el quinto aniversario de la muerte de George Floyd, de 46 años, a manos de la Policía de Mineápolis (Minesota). La muerte del afroamericano se grabó en video y desató una ola de indignación por todo el país.

Reclamos de la comunidad

Los reclamos de la comunidad ya se habían escuchado dos meses antes tras el deceso el 13 de marzo de Breonna Taylor, de 26 años, que resultó baleada en su apartamento en Louisville (Kentucky).

Varios agentes de Policía los juzgaron culpables por las muertes de los dos afroamericanos, que se encontraban desarmados cuando fallecieron.

Con el anuncio de ahora, la División de Derechos Civiles del DOJ desestimará las demandas de Louisville y Mineápolis, y cerrará las investigaciones subyacentes sobre sus departamentos de Policía y, además, se retractará de las conclusiones a las que llegó la istración Biden sobre violaciones constitucionales.

El comandante del Departamento de Policía de Los Ángeles Cory Palka (c) se arrodilla con manifestantes que protestan contra la violencia racial, el martes 2 de junio de 2020, en Los Ángeles (EE.UU). EFE/ Etienne Laurent

El DOJ también cerrará sus investigaciones y se retractará de las conclusiones sobre violaciones constitucionales de las policías locales de Fénix, Arizona; Trenton, Nueva Jersey; Memphis, Tennessee; Mount Vernon, Nueva York; Oklahoma City, Oklahoma, y la Policía Estatal de Luisiana.