El periodista nicaragüense Gerald Chávez (c) habla durante una rueda de prensa este miércoles, en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

Periodistas nicaragüenses exiliados piden a Estados protección internacional urgente

San José (EFE).- Al menos 20 periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica, en su mayoría con pasaporte vencido o por expirar, o que les han prohibido el ingreso a Nicaragua, solicitaron este miércoles a Estados de países democráticos, entre ellos España, «medidas de protección», como que se les conceda la nacionalidad, debido a que se consideran en la «apatridia de facto».

«Solicitamos a las naciones democráticas que han ofrecido la nacionalidad a los más de 400 nicaragüenses desnacionalizados, entre ellas España, Argentina, Chile y México, tomen medidas de protección para los periodistas nicaragüenses en el exilio que también estamos en una desnacionalización de facto debido a la represión incluso transnacional del régimen de Nicaragua», abogó ese grupo de periodistas en una declaración leída por el comunicador Gerald Chávez.

«Solicitamos no solo la solidaridad internacional, sino acciones concretas de estos países democráticos comprometidos con la libertad de prensa y la democracia para que contribuyan a la protección de estos periodistas nicaragüenses exiliados», continuó Chávez.

La periodista nicaragüense Wendy Quintero habla durante una rueda de prensa este miércoles, en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

Denuncian represión contra la prensa independiente

En su declaración, los informadores denunciaron «ante la comunidad internacional la escalada de represión estatal ejecutada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la prensa independiente que nos ha dejado en una situación de apatridia de facto».

«Desde abril de 2018, el Estado nicaragüense ha intensificado sus ataques contra comunicadores que documentamos violaciones a los derechos humanos, utilizando el terrorismo de Estado para silenciar nuestras voces», sostuvieron.

Esa persecución ha implicado agresiones físicas, amenazas de detención, acoso sistemático, cierre y confiscación de medios de comunicación y la retención arbitraria de sus documentos de identidad, «dejándonos en un vacío legal que vulnera nuestros derechos fundamentales», alegaron.

«La privación de pasaportes, cédulas de identidad y otros documentos esenciales para la vida civil nos somete a una exclusión social y jurídica extrema, impidiéndonos acceder a servicios de salud, empleo formal y educación. Esta desnacionalización de facto nos condena a una muerte civil, sin reconocimiento legal ni protección estatal, lo cual dificulta nuestra situación», argumentaron.

Denuncian «terrrosimo de Estado» en Nicaragua

Los periodistas nicaragüenses en el exilio aseguran que han sido injustamente perseguidos por ejercer la labor de informar sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua y que han dejado 290 periodistas en esa condición, más de 60 medios de comunicación confiscados, destruidos o cerrados, y la muerte del periodista Ángel Gahona, a quien grupos paraestatales asesinados el 21 de abril de 2018 mientras daba cobertura periodística a los eventos que se sucedían en la ciudad de Bluefields (Caribe sur).

A su juicio, «el periodismo nicaragüense necesita la ayuda de la comunidad internacional porque muchos de los comunicadores se encuentran en desnacionalización de facto con pasaportes confiscados, o no se los renuevan y a otros se les ha negado la entrada al país, quedando sin documentos de identidad vigente y en una muerte civil, que es la finalidad de la dictadura y la comunidad internacional no debería permitir esto».

Los periodistas nicaragüenses agradecieron a la Asociación de la Prensa de Madrid, que ha pedido al Gobierno español que permita a periodistas «represaliados» en Nicaragua «poder acogerse a la protección» que España da a los desnacionalizados de ese país.

También instaron al Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, y la Red Centroamericana de Periodistas, «a pronunciarse públicamente sobre nuestros casos» de «apatridia de facto».