Pamplona (EFE).- La Guardia Civil de Navarra ha investigado a dos personas como presuntas autoras de delitos de istración desleal y apropiación indebida tras detectarse un perjuicio patrimonial grave, de más de 111.000 euros, a una mujer de 98 años, que residía en una institución asistencial y a la que dejaron en una situación económica «muy precaria».
Los investigados, vecinos de la víctima con los que mantenía una relación de amistad, son un hombre y una mujer, de nacionalidad española, de 55 y 53 años respectivamente, residentes en una localidad de la Merindad de Olite, quienes han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Nº1 de Tudela.
Comunicación de una trabajadora social
El Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ llevó a cabo la investigación que se inició tras la comunicación de una trabajadora social, que alertó sobre la situación de precariedad económica en la que se encontraba la víctima.
El estudio patrimonial realizado permitió detectar un desvío económico superior a 111.000 euros, a través de extracciones en efectivo, transferencias bancarias y la venta de un inmueble propiedad de la víctima a un precio inferior al de mercado.
Para llevar a cabo estas acciones, los investigados se habrían amparado en un poder notarial de istración patrimonial, según explica la Guardia Civil que, en colaboración con la Hacienda Foral de Navarra, recabó información sobre gastos e impuestos y deudas y recaudación ejecutiva
Incumplimiento de obligaciones de istración fiduciaria
De esta forma, pudo acreditar que los investigados incumplieron gravemente las obligaciones de istración fiduciaria, beneficiándose personalmente del patrimonio de la víctima.
Al tener la capacidad y la facultad para istrar el patrimonio de la víctima, la conducta de estas personas, según señala, infringe las facultades de istración, extralimitándose en el ejercicio de las facultades de disposición sobre ese patrimonio, sin la diligencia y lealtad que se exige, causándole además un grave perjuicio económico.
Actualmente, la gestión de los bienes de la víctima ha sido encomendada a una fundación pública navarra de apoyo a personas con discapacidad, garantizando así la protección de su patrimonio.
