Bilbao (EFE).- El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha anunciado que el Gobierno Vasco promoverá una ley de medias urgentes en materia de vivienda y urbanismo con la que acelerar la construcción de inmuebles.
El Ejecutivo pretende modificar la normativa de Suelo, Vivienda, Turismo y istración Ambiental para reducir plazos, flexibilizar las exigencias urbanísticas y reforzar la protección de los inquilinos, en un contexto de «fuerte tensionamiento» del mercado residencial del alquiler.
Itxaso ha intervenido en una conferencia en el Fórum Europa Tribuna Euskadi, donde ha sido presentado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
En su intervención, el consejero socialista ha reconocido que la «crisis de oferta» de pisos que se da en Euskadi afecta especialmente a las clases medias y ha considerado que la coyuntura obliga a no esperar a la aprobación de la nueva ley del Suelo.
Por ello, PNV y PSE-EE impulsarán una proposición de ley que supondrá una revisión de los criterios urbanísticos para facilitar el desarrollo de vivienda.
La propuesta, que ha confiado tenga una tramitación «rápida» en el Parlamento, se presentará en el entorno de la Semana Santa y se prevé su aprobación a lo largo del presente año.
Medidas
Según ha detallado, entre las medidas que se contemplan está reducir hasta en un 50 % los trámites urbanísticos para facilitar el desarrollo de vivienda protegida, así como crear, en colaboración con Eudel, una reserva estratégica de suelo.
También se apuesta por permitir a los municipios ajustar los porcentajes de vivienda libre y protegida de tal modo que puedan rebajar las actuales exigencias del 75 % hasta un mínimo del 60 % de VPO.
Tal y como ha advertido Itxaso, el suelo que no se moviliza supone «cero vivienda protegida» y ha detallado que, pese a la rebaja que se daría en Euskadi, el mínimo de vivienda protegida en suelo urbanizable en España se sitúa aún por debajo: en el 50 %.
Aprobar un régimen sancionador específico a los arrendadores que incumplan las normas en las zonas tensionadas, prohibir nuevas viviendas de uso turístico en estos municipios o permitir ampliaciones en altura en edificios protegidos para generar hasta 2.000 nuevos alojamientos son otras de las medidas contempladas.
Por otro lado, el consejero ha abogado por «estimular», a través de ordenanzas municipales, el traslado de actividades económicas que se desarrollan en pisos a bajos comerciales, así como la conversión de lonjas en viviendas, «interpretando de modo más flexible el decreto de habitabilidad». EFE
