Santander (EFE).- El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha afirmado este viernes que en la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Santander se ha evidenciado por primera vez «dos PP muy diferentes», uno caracterizado por el «noísmo» que «por sistema se opone a todo e incluso ataca a otras comunidades autónomas» y otro que mantiene «una actitud cordial con vocación de entendimiento».
«El noísmo antes estaba focalizado en una persona, y hay una persona más que se suma a ese discurso», ha lamentado Barbón sin querer entrar a dar nombres, aunque sí ha precisado que el tono de los presidentes andaluz, Juan Manuel Moreno, y gallego, Alfonso Rueda, o incluso el de Ceuta, Juan Jesús Vivas, «no tiene nada que ver» con el de otros líderes territoriales del PP.
Barbón, quien ha precisado que el tono de la reunión haya sido «muy mayoritariamente cordial», ha considerado que quizás esas diferencias se evidencian debido a que ahora hay un mayor número de presidentes autonómicos del PP.
Financiación autonómica
Así lo ha expresado en una comparecencia ante la prensa tras la Conferencia de Presidentes en la que ha lamentado que las diferencias entre los presidentes populares también se evidencien en el debate sobre el modelo de financiación autonómica, un asunto en el que Barbón ha pedido ponerse a trabajar cuanto antes en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque el sistema está «obsoleto».
Barbón ha defendido la vigencia de la «Declaración de Santiago» firmada hacer tres años por los ejecutivos de Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, La Rioja y Cantabria para reclamar que la reforma del modelo se haga desde la multilateralidad y garantizando «la prestación de servicios en calidad equivalente» teniendo en cuenta aspectos como el envejecimiento o la dispersión de la población.
Frente a ello, ha lamentado que cada uno haya «hablado de su libro» dadas las «diferencias internas del PP», ya que «no piensa lo mismo el PP de Valencia que el gallego, el de Murcia que el de Extremadura, o el de Baleares que el de Castilla y León».
Sin embargo, Barbón ha confiado en que «de esta va» la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque ha itido que no es posible hablar de plazos al recordar que antes de nada es necesario acometer mucho trabajo técnico.
Durante el encuentro, Barbón también ha apelado a la «corresponsabilidad fiscal», ya que algunas comunidades han apostado por «bajar los impuestos a todos, especialmente a los grandes patrimonios y a los ricos», un modelo que, según ha remarcado, contrasta con la vía fiscal asturiana basada en deducciones a las clases medias y trabajadoras.
El jefe del Ejecutivo asturiano también ha valorado que el Gobierno se haya comprometido a presentar en enero una «fórmula común para todos» para la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las comunidades de régimen común, algo que el Principado había reivindicado bajo el criterio de objetividad.
Vivienda, sanidad, industria, siniestralidad e inmigración
Además, el presidente del Principado ha respaldado los planteamientos del Gobierno central en materia de vivienda con medidas como la creación de una empresa pública de vivienda o la reorientación de la Ley de Suelo.
Barbón, quien ha puesto en valor que Asturias sea la segunda comunidad autónoma con más vivienda pública por habitante, una materia en la que va a seguir avanzando el año que viene, ha reivindicado el cumplimiento de la Ley de Vivienda y ha puesto énfasis en el hecho de que en Asturias haya sido un ayuntamiento gobernado por la derecha, el de Gijón, el primero en pedir la declaración de zona tensionada.
El jefe del Ejecutivo asturiano también ha defendido la necesidad de promover más plazas de sanitarios y seguir apostando por una sanidad pública, y se ha mostrado partidario de equilibrar entre territorios el reparto de los menores migrantes no acompañados.
Fuera del orden del día, Barbón ha aprovechado la cita para poner encima de la mesa de la Conferencia de Presidentes otros asuntos como la necesidad de un pacto de estado para luchar contra la siniestralidad laboral y la apuesta por una estrategia industrial a nivel europeo que haga frente a las políticas agresivas de Estados Unidos y China. EFE
