Daniela Alias Fernández
Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros y los sindicatos han aprobado un anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5, conservando el mismo salario. La ley se aplicará si consigue los apoyos necesarios en el Congreso, un proceso que podría implicar modificaciones en el texto final de la ley.
Aunque los convenios colectivos han ido reduciendo progresivamente la jornada pactada, todavía hay un gran número de personas que trabajan por encima del límite que se busca establecer como el nuevo tope legal. Además de esta, también se abordan otras cuestiones. Por ejemplo, el implemento del registro de jornada laboral, que deberá ser cumplimentado por los empleados.
A continuación, repasamos cuándo se aplicará esta ley y a quienes afecta.
¿Cuáles son las medidas principales del anteproyecto?
- Reducción de jornada laboral: el anteproyecto de ley reduce la jornada laboral máxima legal desde las 40 horas hasta las 37,5 horas semanales en cómputo anual en este 2025. Este proyecto forma parte del acuerdo de Gobierno y ha sido pactada con los sindicatos, tras once meses de negociaciones en el marco del diálogo social. Los contratos celebrados a tiempo parcial que, al reducirse la jornada a 37,5 horas semanales, tengan una duración del tiempo de trabajo igual o superior se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo.
- Control horario: Junto con la reducción de la jornada laboral, se ha propuesto una reformulación del control horario, que deberán rellenar prácticamente todo los trabajadores, para que sea objetivo, fiable, accesible e interoperable.
- Desconexión digital: el anteproyecto de ley recoge además el derecho a la desconexión digital, para que se respete el descanso y la propia intimidad de los trabajadores frente al uso de los dispositivos de videovigilancia y geolocalización, sin que ello conlleve consecuencias negativas, represalias o trato menos favorable.
- Subida de sueldo para los trabajadores a tiempo parcial: otra de las medidas acordadas es el incremento salarial para las personas que trabajan en régimen de tiempo parcial. Este aumento beneficiará especialmente a las mujeres, quienes constituyen la mayoría dentro de este tipo de empleo. Además, la medida reconoce y protege el derecho de estas trabajadoras y trabajadores a mantener sus horarios actuales, garantizando así la conciliación entre la vida profesional y personal sin que el ajuste salarial implique modificaciones en su jornada laboral.
- Sanciones a las empresas: además de todas novedades, el anteproyecto recoge una serie de sanciones que se podrán aplicar en caso de que las empresas incumplan estas normas.
¿Y si la empresa no cumple con estas medidas?
En el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, se considerará la comisión de una infracción por cada persona trabajadora afectada cuando no exista registro o los datos sean falseados.
Los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras se calificarán como infracción muy grave y conllevarán multas de entre 1.000 y 10.000 euros.
Las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias en sus convenios colectivos que aseguren el cumplimiento de lo previsto en la norma, en particular, lo establecido respecto a la duración de la jornada.
¿Quién se beneficia de la reducción de jornada?
Según las estimaciones del Ministerio de Trabajo, aproximadamente 12 millones de personas trabajan actualmente 40 horas semanales. Además, también se verán afectadas aquellas personas que tengan jornadas por encima de las 37 horas y media, es decir, más de 9 millones de personas. Esto significa que una parte significativa de la población activa verá reducida su jornada laboral sin que ello afecte a su salario.
La medida no solo impactará a estos trabajadores, sino que también podría influir en la organización del trabajo dentro de las empresas, con el objetivo de fomentar una mejor conciliación entre la vida laboral y personal.
Además, se espera que la reducción de la jornada tenga efectos positivos en la productividad y el bienestar de los empleados, siguiendo la tendencia de otros países europeos que han implementado iniciativas similares.
¿Cuántas horas se trabaja en los países vecinos?
El debate sobre la reducción de la jornada laboral no es exclusivo de España. Los países del entorno han adoptado diferentes modelos de trabajo, con variaciones en las horas semanales establecidas por ley y en las prácticas laborales reales.
Los Países Bajos encabezan la lista de los países con la jornada laboral más reducida, con un promedio de 30,9 horas semanales. Le siguen Noruega con 33,3 horas, Austria con 33,6 horas, Dinamarca con 34,2 horas, Alemania con 34,5 horas y Bélgica con 34,8 horas semanales.
Otro caso a destacar de jornada laboral inferior a 40 horas es Francia, con 35 horas semanales. En Bélgica son 38.
En el extremo opuesto, los países europeos con las jornadas laborales más largas son Serbia y Suiza, ambos con un promedio de 43,3 horas semanales. Les siguen Islandia con 42,5 horas, Bosnia con 42,4 horas y Grecia con la misma cifra de 42,4 horas por semana.
¿Cuáles son los sectores más afectados?
La reducción de la jornada laboral impactará especialmente a sectores donde las horas de trabajo pactadas suelen ser elevadas, además de aquellas actividades que no están reguladas por convenios colectivos.
Entre los sectores con más horas de trabajo pactadas, destacan la agricultura, la hostelería o el comercio, donde una parte considerable de los trabajadores cumple jornadas prolongadas que, en muchos casos, superan el nuevo límite legal propuesto.
En estos sectores, la adaptación a la nueva normativa podría suponer cambios en la organización del trabajo, desde la redistribución de turnos hasta la contratación de más personal para cubrir las mismas necesidades operativas en menos horas.
¿Cuál es la postura de la patronal?
Este anteproyecto surge de la negociación de meses ente el Ministerio de Trabajo, varios sindicatos y la patronal de empresarios CEOE (La Confederación Española de Organizaciones Empresariales).
Sin embargo, estos últimos no se han sumado al pacto porque, desde el principio, consideran que modificar estas cuestiones por ley «supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva».
La Patronal afirma que esta reducción acarreará costes de entre 21.000 a 24.000 millones de euros, lo que supone unos 2.000 euros por trabajador. Además, aseguran que los más perjudicados serán las pequeñas empresas y los autónomos.
¿Cuándo se va a aprobar esta ley en el congreso?
Aunque la duración exacta siguen siendo incierta, el proceso de tramitación llevará varios meses. La aprobación dependerá del debate parlamentario y de las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas. Si la ley consigue los apoyos necesarios, las proyecciones más optimistas apuntan a que podría aprobarse en verano.
Tras la presentación del anteproyecto de ley, este pasará por distintas fases de evaluación, incluyendo informes clave como el del Consejo Económico y Social (CES). Una vez analizados estos documentos, el texto regresará al Consejo de Ministros, que se encargará de enviarlo al Congreso de los Diputados. Desde el Ministerio de Trabajo estiman que esta segunda revisión podría darse a finales de febrero.
En el ámbito parlamentario, el Ejecutivo pretende agilizar la tramitación recurriendo a la vía de urgencia, una opción para la que cuenta con mayoría en la Mesa del Congreso. Sin embargo, el proceso podría extenderse debido a posibles ampliaciones en el plazo para que los grupos políticos presenten enmiendas.
¿Cuándo entran en vigor las 37,5 horas semanales?
El anteproyecto de ley establece que la norma entrará en vigor de forma inmediata tras su aprobación, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Sin embargo, se contempla un periodo de adaptación para los convenios colectivos que actualmente fijan jornadas más largas, con un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto ha generado preocupación entre los empresarios, lo que podría llevar a algunos grupos parlamentarios a proponer una ampliación de dicho periodo durante el debate legislativo.
