Miguel Álvarez |
Mariñán (A Coruña) (EFE).- El fiscal jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, ha situado el tratamiento de las detenciones ilegales y los impagos de las condenas como dos de los principales retos.
Crespo organiza en el Pazo de Mariñán (Bergondo, A Coruña) el primer encuentro de fiscales responsables del despacho de las cuestiones de inconstitucionalidad, en el que una treintena de profesionales se reúne para abordar los principales desafíos que afectan a los noventa fiscales que hacen la función de enlace con el Constitucional en todo el Estado.
Dos de las cuestiones en que más incumplimiento encuentran los fiscales, respecto a la doctrina, están relacionadas con las detenciones ilegales, y el derecho de ‘habeas corpus’, y los impagos en las condenas.
En el primer caso, el Tribunal «lleva aproximadamente casi cuarenta años explicando en qué consiste y cuál es la función que tiene que cumplir», que es la de garantizar el derecho de un detenido a la revisión inmediata de su situación por parte de un juez, en caso de que considere que su detención es ilegal, según detalla EFE.
«Es una función que generalizadamente se está incumpliendo en la práctica. En la enorme mayoría de los casos, esas solicitudes se initen a trámite y se antepone un juicio pronóstico sobre la legalidad de la detención, pero hay que oír al detenido salvo que la petición de ‘habeas corpus’ no reúna los requisitos formales, no los de fondo», agrega.
Por eso reclama «hacer un mínimo esfuerzo de reorganización de los servicios de guardia» para tener un correcto control de la privación de libertad.
Otro asunto que se incumple es el relativo a las personas que suspenden las penas privativas de libertad con la condición de abonar las cantidades económicas que establecen las sentencias.
«Es necesario saber si no paga porque no puede o no paga porque no quiere. Se están revocando suspensiones sin hacer una investigación suficiente sobre si tiene recursos económicos y sin saber si hay una voluntad de resistencia al cumplimiento de la condena o hay una imposibilidad objetiva», concluye.
La doctrina del Constitucional no tiene «eco suficiente» en el día a día
Defiende que esta figura dentro de la Fiscalía debe crecer y «establecer una red de especialización similar a la que hay en otros ámbitos», como los fiscales de medioambiente, menores, o violencia sobre la mujer, que «se ocupe de mejorar la circulación de información en materia constitucional».
«Los criterios de la doctrina del Tribunal Constitucional no tienen eco suficiente en el trabajo diario de los jueces, de los tribunales y de la propia Fiscalía. Debemos ir incorporando la materia constitucional y el sentido constitucional en esa actividad cotidiana», explica.
Recuerda que cuando el Tribunal establece una doctrina y esta queda consolidada, no ite más recursos de amparo sobre esa cuestión, por lo que «la única vía para que esa doctrina se aplique en todos los casos es trabajar en los órganos jurisdiccionales, en la base».
Eso supone una importante mejora, a nivel de gasto de recursos y de tiempo, pues se evita llegar a la última instancia si estos casos se abordan «en los lugares donde se producen los conflictos»: «No hay necesidad de esperar años al Tribunal Constitucional por cuestiones que están claras», prosigue.
Respecto a la posibilidad de a esta instancia, Crespo sitúa el sistema español como «uno de los más abiertos que hay», puesto que contempla la posibilidad del recurso de amparo con carácter general, aunque tras agotar todos los recursos judiciales, lo que «a veces se convierte en una carrera de obstáculos».
Para esos supuestos pone en valor el papel de la Fiscalía, que «tiene legitimación de interponer recursos de amparo» y lo hace en casos novedosos o cuestiones de especial complejidad.
También en otros «con personas o colectivos que tienen especial dificultad por cuestiones sociales, socioeconómicas o por el esfuerzo que puedan suponerles individualmente, en casos que puedan tener un interés social», ha remachado.
